El convenio aprobado por la Unesco en 2001 para la protección del patrimonio subacuático supuso "un hito fundamental" para acabar con los vacíos legales que permitían el saqueo de restos por empresas privadas, afirmó el abogado Bernardo Ruiz Lima. Este experto del departamento de Derecho Marítimo y Transporte del bufete Garrigues, que participó ayer en el Museo Picasso de Málaga en el seminario internacional El arte y el derecho, advirtió sin embargo que este convenio "no será la panacea".

El convenio fue posible "por el miedo real de todos los países con grandes intereses, como España o Portugal, que veían que nuevas empresas, generalmente americanas, tenían una tecnología puntera que les permitía extraer esos tesoros". España fue el cuarto país que ratificó el convenio, que entraría en vigor a partir de su ratificación por 20 países, cifra ya superada, puesto que lo han suscrito 25 naciones, ha apuntado Ruiz Lima.

Según este abogado, era importante que los países se dieran cuenta de la necesidad de protegerse jurídicamente para impedir que ese patrimonio "llegue a manos privadas como las de la empresa Odissey, de un ricachón americano que ha puesto su dinero para tener una tecnología que no está al alcance de muchos de los países que tienen intereses sumergidos".