Todas las estimaciones apuntan a que el PIB andaluz habrá crecido en 2018 alrededor del 2,5% y que el empleo habrá aumentado cerca del 2%. También hay coincidencias en que para 2019 se espera una moderación en el crecimiento, probablemente entre 2 y 4 décimas, en línea con los pronósticos para el conjunto de España, pero manteniendo las distancias con Europa. También se espera que se mantenga la creación de empleo, en este caso por debajo del 2%, lo que resulta bastante elocuente sobre la reducción de las exigencias de crecimiento para la creación neta de empleo.

A diferencia de lo que Carlos Usabiaga (Universidad Pablo de Olavide) estimaba en 2010, ahora ni Andalucía ni el conjunto de España tienen necesidad de crecer por encima del 2,5% para reducir el desempleo, lo cual suena a magnífica noticia para la comunidad con mayor tasa de paro (22,85%, 8,3 puntos mayor que la española), salvo por dos inconvenientes. El primero de ellos es que, a corto plazo, el crecimiento del empleo a tasas cercanas a las del PIB se traduce en la disminución, o estancamiento, de la productividad laboral. La etapa de intenso crecimiento del empleo que se inició en 2014 dio lugar a variaciones negativas en la productividad laboral, que duraron hasta finales de 2015. En 2016 se ralentizó la creación de empleo y la productividad regresó a tasas positivas, pero en 2017 se reprodujo la combinación de fuerte creación de empleo y caída de la productividad. En la actualidad asistimos a un nuevo deja vu, con tasas positivas, pero moderadas, de ambas variables.

El segundo inconveniente es que la combinación de fuerte crecimiento en el empleo y de contención o caída en la productividad sólo es posible si viene acompañada de bajos niveles salariales. Si aceptamos que una empresa solo contratará a un trabajador cuando el aumento esperado de los ingresos supere al de los costes, parece lógico concluir que el aumento del empleo en un contexto de caída o contención de la productividad sólo puede ocurrir cuando los salarios sean lo suficientemente reducidos como para que las empresas acepten contratar a los menos productivos.

El aumento de la productividad es imprescindible para mantener la competitividad de nuestras empresas y para evitar que las preferencias de localización de las nuevas inversiones empresariales continúen esquivando Andalucía, pero también para el crecimiento de los salarios y la reducción de la desigualdad. Lo que hemos observado durante la crisis es que las ganancias de productividad repercuten negativamente sobre el empleo, salvo que los salarios se contraigan lo suficientemente, pero plantear el dilema en términos tan cortoplacistas puede ser un grave error. Existen otras fuentes de productividad, como la calidad de las instituciones, el capital humano y el tecnológico, el sistema educativo o las infraestructuras, en las que Andalucía sigue estando en desventaja. El problema es que, para comenzar a notar el efecto de las mejoras en cada una de ellas, hay que dejar pasar un cierto tiempo, casi siempre incompatible con las apretadas agendas electorales, pero que, como ya han hecho otros, habrá que poner en marcha en algún momento.