QUIZÁS sea el momento, quizás sea la oportunidad para poner fin a casi tres décadas de espera. Tantos compromisos como años transcurridos, unos pocos planes aderezados de barniz democrático pero encajonados sin intención de que vean la luz, hacen de la regeneración de los Baños del Carmen una ignominia en sí misma. Por méritos propios, la actuación sobre uno icono relevante de la historia de esta ciudad es hoy vergüenza de todos. Lo es por el olvido generalizado, por la dilación en adoptar las decisiones adecuadas en los momentos oportunos, lo es por considerar menor la reactivación de un espacio público, de todos, frente a otras inversiones, quizás, de mayor lustre.

De nuevo, ahora, como ayer, el que fuera asentamiento de los primeros encuentros del Málaga (ahora de un jeque), la oportunidad pasa junto a las puertas del antiguo balneario. Quizás, sólo quizás, sea el momento. La cita, sin embargo, llega cargada de sospecha. La aparición de un empresario -ex concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, José Luis Ramos-, y del hijo-empresario de un ex concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, Damián Caneda, en la operación de rescate de los Baños del Carmen genera no poco controversia. Probablemente más en la publicada que en la pública.

Ambos, acompañados de otros inversores, han comprado a Vera y Acha las acciones de la sociedad concesionaria del enclave, Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen. Es decir, son de facto los nuevos explotadores de todo el recinto. No sólo del restaurante, remozado y recuperado por Ramos algunos meses atrás, sino también de la zona verde de eucaliptos, de las pistas de tenis... Los que se cuestionan el porqué de la aparición de tan significativos empresarios locales lo hacen incidiendo en los apenas tres o cuatro años que restan para que se extinga la concesión pública. Y, ante el interrogante, concluyen que debe existir garantía alguna por parte del organismo responsable de la misma, la Dirección General de Costas, para que dicho periodo de gestión se extienda en el tiempo.

Pudiendo ser cierta la secuencia del pensamiento, la realidad es que a Ramos y a Caneda, por personalizar la nueva sociedad, no les queda otra que poner sobre la mesa los dineros largamente reclamados por Costas para poder beneficiarse de una ampliación a 30 años vista. Casi 2,5 millones de euros, señalan los responsables del organismo estatal. Explican desde hace más de un año, lo transcurrido desde que se sentaron a la mesa con Vera y Acha para dar forma a un posible proyecto de regeración público- privado, que esa es la suma económica justa para compensar cada año de concesión.

Y como ocurriera con los anteriores explotadores, a los nuevos propietarios se les reclama el abono de dicha cuantía en un solo pago, con el fin de emplear esos millones para, al menos parcialmente, costear los trabajos de saneamiento y renovación de la parcela. Lo restante, hasta alcanzar los 6,5-7 millones en los que se tasa ahora la intervención (en 2010 eran 13 millones) deberá salir de las arcas del Estado. Hasta aquí, sin disponer de más datos que los ahora conocidos, las cartas dadas por Costas tienen las mismas marcas que las que recibieron y rechazaron los anteriores socios privados. Y he aquí una variación, puesto que, al menos en sus primeras declaraciones, el que fuera concejal de Comercio no deja lugar a la duda cuando confirma su intención y la de sus socios de asumir las exigencias de Costas.

Pagar y garantizar el uso público del enclave. Quizás, sólo quizás, este sea el momento. Todo parece favorable. Costas lo ve, el Ayuntamiento lo ve y, lo que es más importante, los empresarios lo ven. Sin embargo, ello no evita elevar la duda sobre las razones que evitan que Costas opte por caducar la concesión, a incoar el mencionado expediente para, posteriormente, abrir un procedimiento público al que puedan tener acceso cuantas firmas estén interesadas en actuar sobre el enclave. El mecanismo lo puso en marcha el pasado mes de agosto el responsable de Costas en Málaga, Ángel González, al solicitar a la dirección general en Madrid la apertura del procedimiento. Casi dos meses después, sigue estancado ante la falta de la firma precisa. Y, con la aparición de los nuevos actores, no parece probable que dicho camino tenga recorrido.

Concluyamos, como seres de buen pensamiento, que la fórmula final merece la pena. Entendamos que es simple casualidad que un ex concejal de una de las dos administraciones públicas vinculadas al proyecto y el hijo de otro ex edil de esta misma institución se arrimen a tan significativo proyecto. Bien mirado, se puede hasta sentenciar que no hay final más idóneo para tres décadas de vergüenza colectiva.