Capacidad moral

AFIRMABA el pasado lunes el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, que la Junta no se sentía con "capacidad moral para exigir" a las plantillas de La Cónsula y La Fonda que recuperen su actividad "cuando se deben ocho nóminas". La capacidad moral es una cuestión peliaguda, qué duda cabe. Nietzsche señaló en La genealogía de la moral la posibilidad de encontrar en esta autoridad la razón de la peor traición de la Historia, por cuanto la moral lo es siempre de esclavos y sirvientes. Pero se equivoca Ruiz Espejo: salvo en tiranías y otras nefastas situaciones de ausencia de libertad, todo individuo dispone de una capacidad moral a la hora de pedir cuentas a los demás y a sí mismo. Para disgusto de Nietzsche, la moral es ya un asunto suficientemente interiorizado y asimilado, por más que quien así lo desee pueda desprenderse del mismo. La capacidad, en cualquier caso, es una cuestión innata. Entiendo que el delegado se refería más bien a una justificación moral: independientemente de la capacidad, a la hora de pedir cuentas desde un determinado código moral es necesaria una competencia relativa al mérito. Sin esta justificación, alguien a quien se le exigiera una conducta concreta podría reaccionar preguntando: "¿Quién eres tú para pedirme esto?". Y lo cierto es que, como bien quería reconocer el delegado, la Junta de Andalucía no ha cosechado méritos suficientes en términos democráticos ni administrativos; ergo, carece de competencias morales; ergo, carece de justificación para reclamar a los trabajadores que se incorporen a sus puestos sin cobrar. También tenían razón los trabajadores cuando respondieron que la puesta en marcha de la actividad no dependía de ellos; el intento de adjudicarles esta responsabilidad por parte de la Junta sí que resulta moralmente dudoso.

El problema, por tanto, no es la capacidad moral, porque esta viene dada y siempre se pueden hacer las cosas bien, aunque a veces se hagan mal; el quid es la capacidad política. Y es aquí donde la Junta de Andalucía, en lo referente a La Cónsula y La Fonda, y perdonen la reiteración, sí muestra una incapacidad notoria a la hora de gestionar sus recursos. Lo que hasta hoy ha hecho la administración autonómica es empezar un curso con profesionales a los que ya se adeudaban nóminas a sabiendas de que tampoco se les iba a pagar (o, en todo caso, con escasas garantías de poder hacerlo), proponer soluciones que debieron adoptarse hace mucho y anteponer un entramado burocrático al interés general. Las promesas de sueños cumplidos a Dani García quedan muy bonitas. Pero la política es otra cosa.