Llevan siglos comerciando con sus chantajes políticos. Su presencia en el concierto de territorios que conforman el concepto de España ha estado, desde tiempo inmemorial, supeditado a la obtención de privilegios, respecto a otros territorios, a cambio de apoyos para la gobernabilidad, ya haya sido de la propia Corona -cuando esta institución ejercía del poder en el Antiguo Régimen- o de los gobiernos de turno, para que éstos accedan al poder -como es el caso en estos días- o para mantenerse en el mismo.

El apoyo de esas minorías parlamentarias -vasca o catalana- siempre ha sido a cambio del reconocimiento o de la obtención de beneficios injustos: antiguamente la concesión o ampliación de determinados fueros y hoy el reconocimiento o -al menos- la tolerancia de determinados textos -entiéndase estatutos- que concebidos para el gobierno y la convivencia de una comunidad autónoma, se pretenden transformar, a cambio de los mencionados apoyos -puntuales o permanentes- en documentos encaminados a la desaparición de la actual concepción del Estado Español, tal y como está concebido en la vigente Constitución del 78, tan insistentemente denostada por las autoridades de las comunidades autónomas con evidente, más que clara, vocación separatista respecto del resto del territorio nacional.

El grado de tolerancia del gobierno, respecto de los intentos de ampliar las aspiraciones políticas de autogobierno, encaminado siempre a la definitiva independencia vasca o catalana, estará siempre en beneficio de la comunidad aspirante a independizarse y sobre todo respecto del grado de necesidad que el gobierno de la nación pueda tener de los votos de los -antes nacionalistas- hoy claramente independentistas, repito, vascos y catalanes.

Si hace pocos años fueron abanderados los vascos separatistas; cuando eran presididos por el señor Ibarretxe: el del plan, recuerden; hoy lo son los catalanes, que han decidido no seguir jugando al juego constitucional y caminar, decididos; y sin que nadie les tosa de verdad; hacia lo que ellos denominan la república de Cataluña, denominando a simples transgresores del derecho constitucional con el apelativo de presos políticos y a los huidos, cobardemente, de la Justicia con el de exiliados que, incluso, en el colmo de los despropósitos tolerados, tratan de perseguir al juez que los encausa.

A todo esto, los políticos vascos observan, para no cometer errores en su mismo camino hacia la independencia. Y el Gobierno, en Madrid, cazando moscas o desenterrando muertos. ¿O no?