EL Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha formulado un requerimiento oficial a la Junta de Andalucía, así como a los gobiernos de Cataluña, Valencia y Murcia, para que adopten medidas adicionales a fin de cumplir los objetivos de déficit público correspondiente a 2013. En el caso andaluz, el requerimiento llegó a medianoche del lunes, aunque los datos correspondientes al seguimiento del plan de equilibrio presupuestario figuraban desde el viernes pasado en la web el Ministerio. Según Hacienda, las primeras cifras relativas al segundo semestre indican que Andalucía se estaba alejando del objetivo (un 1,58% del PIB en el conjunto del ejercicio) por un doble motivo. Por el lado de los ingresos, el Ministerio considera que se ha registrado una desviación de unos 400 millones de euros debido a que las previsiones no se están cumpliendo, ni en los ingresos derivados de la enajenación de activos ni en la tramitación de los certificados de obras financiadas parcialmente con fondos europeos. Por el lado de los gastos, se ha sobrepasado el nivel programado. Por todo ello se emplaza a la Junta a tomar acuerdos de no disponibilidad de determinadas partidas del presupuesto de la comunidad autónoma. En resumidas cuentas, el requerimiento de Hacienda implica una petición formal de acometer recortes adicionales a los ya previstos. Se plantea así un nuevo conflicto de carácter político, dado que su estricto cumplimiento conduciría a una nueva vuelta de tuerca a la política de austeridad en una comunidad autónoma que ya padece una situación de extrema insuficiencia financiera, coincidente con una situación social caracterizada por los elevados índices de desempleo y otros indicadores de carencias sin cuento. Es de destacar que la minoración de los ingresos de la Junta tiene su origen, en parte, en la reducción de las aportaciones del Estado según el sistema de financiación vigente. Por otra parte, es conocido que el reparto de las exigencias de control del déficit viene siendo poco igualitaria, de modo que la Administración central adquiere compromisos menos duros que las comunidades autónomas. Lo cierto es que la comunidad autónoma andaluza dispone de escaso margen para imponer más medidas de austeridad sin generar un conflicto social de consecuencias incalculables. Se necesita flexibilidad por parte del Gobierno, como ya se practicó durante el ejercicio presupuestario de 2012. De hecho, el ministro Montoro elogió ayer mismo la predisposición favorable de los gobiernos regionales a satisfacer el equilibrio presupuestario, incluso en aquellos casos en que el control no se ha llevado hasta la última décima de lo previsto.