Decía Max Weber que no nos conformamos con arrollar a nuestros semejantes, sino que además queremos tener razón cuando lo hacemos. Se nos pretende vender una supuesta confrontación abierta entre el gobierno y el poder judicial, cuando la realidad es que el mayor quebranto a la independencia y prestigio de la justicia lo está causando la temeraria negativa del PP a acordar la renovación de los órganos constitucionales. Escapa a toda lógica democrática que sustente su negativa en la ilegitimidad del gobierno y de sus apoyos parlamentario, ya que se trata de la mayoría de la representación de la soberanía nacional. Tan incomprensible resulta todo, que cabe sospechar que, imitando a Trump, pretendan convertir los órganos de garantías en instrumentos de sus guerras culturales. Parece que tras la sentencia sobre el Estado de Alarma se hayan venido arriba y quieran mantener, a toda costa, la actual correlación de fuerzas para desempolvar algunos recursos, y acelerar otros, sobre asuntos política y socialmente sensibles. Por supuesto que la función del TC es determinar la constitucionalidad de las leyes recurridas. Pero resulta un desprecio a dicha función pretender convertir al TC en una tercera cámara con el fin de derogar, total o parcialmente, leyes de carácter progresista. Esa es, al menos, una explicación plausible a la inaudita tozudez de Casado: acabar con una legislación que ha respondido al avance moral y la modernización de la sociedad española y que cuenta con un amplio consenso social. Un peligro sobre el que advertía en un reciente artículo el constitucionalista García Roca: "…la función de oposición no debería llevarse al seno de los órganos del circuito de garantías"

En realidad, estos lodos tienen su origen en una situación parecida a la actual. Aznar consideraba que la mayoría absoluta que obtuvo en el 2000 le autorizaba a nombrar en el Constitucional a quien le diese la gana, ignorando la exigencia de consenso que estaba en la base de la norma. La solución que se adoptó -de cupos sin vetos- para desbloquear la situación lo empeoró todo. Aznar se salió con la suya, pero fue un golpe al prestigio de un órgano que debe ser la clave de la bóveda de nuestra arquitectura democrática. Ahora uno de sus amados discípulos parece que quiera culminar los trabajos de demolición. Plantear la alternativa de la elección por los jueces, no es más que otra forma tramposa de mantener el bloqueo.