EL pasado 24 de julio tuvo lugar la firma del acta de constitución de la mesa del sector de la construcción de Málaga, acta que fue rubricada por nuestra Asociación Provincial de Constructores y Promotores, por el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, por el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Málaga y por el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Málaga.

Esa firma representa la voluntad de las cuatro entidades mencionadas de reforzar nuestra participación en la vida económica, técnica y social del sector de la construcción, como plataforma institucional permanente de diálogo y deliberación de los asuntos del sector de la construcción que afecten a sus colectivos.

La constitución de la mesa del sector de la construcción responde a la legítima aspiración de nuestros colectivos con personalidad jurídica reconocida, que tienen como entidades representativas de sus asociados, de que sus opiniones y planteamientos sean escuchados en el momento de la toma de decisiones que puedan afectar a los intereses que les sean propios.

En este sentido, se instituye la función consultiva de la mesa del sector de la construcción para ejercerse en relación a la actividad normativa y planificadora del sector de la edificación y la construcción, así como en la ordenación urbanística y territorial, materializándose en la emisión de sus propias opiniones, informes y dictámenes, en una posición unitaria ante las administraciones y la opinión pública.

En nuestra presentación a los medios de difusión el mismo día 24 de julio, reivindicábamos el buen nombre de esta actividad económica y profesional, que lamentablemente se ha visto últimamente dañado por la actividad negativa de una minoría de empresarios y profesionales.

Exigíamos a la Junta de Andalucía una legislación urbanística clara y concreta, que ordene el territorio, en relación con los intereses generales de los ciudadanos, pero que no suponga inseguridad jurídica de las inversiones ni contribuya al estancamiento económico de esta provincia y pedíamos a todas las Administraciones Públicas, estatal, autonómica y locales, el mayor esfuerzo de gestión administrativa para licitar obras públicas que contribuyan a compensar en parte la grave situación laboral por la que atraviesa el sector.

Asimismo, y como tema puntual, entre otros, reivindicábamos para el municipio de Marbella la necesidad perentoria de recuperar la seguridad jurídica con la aprobación definitiva del nuevo PGOU, dando soluciones viables que faciliten la posterior gestión urbanística de los ámbitos de normalización.

También pedíamos que en la aprobación provisional de Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella deben verificarse los cambios de los enfoques teóricos y solucionar la situación de las viviendas terminadas y adquiridas por terceros de buena fe, para las que no se puede obtener la licencia de primera ocupación.

Con posterioridad a esta petición hecha por la mesa del sector de la construcción, hemos conocido la noticia del consenso de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella para adelantar la ejecución del PGOU aprobado inicialmente, a través de la concesión de licencias, entre otras, las de primera ocupación de viviendas habitadas o por habitar en promociones que carecen de dicho requisito.

Desde aquí, desde esta Tribuna, debemos darnos la enhorabuena por este consenso alcanzado entre la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento de Marbella, que viene a paliar la intranquilidad e incertidumbre de los dos últimos años de una parte muy importante del urbanismo marbellí.

Enhorabuena a la Consejería y al Ayuntamiento, creo que se ha encontrado el camino y la inercia para la reactivación de la economía de la ciudad de Marbella. Marbella se lo merece.