Muchos protocolos que actualizar en materias tan sensibles como la salud y la alimentación cuando pase la crisis causada por la venta contaminada de carne mechada y el resto de productos derivados que vamos conociendo de sobresalto en sobresalto y que espero no acabe por derivar en psicosis colectiva delante del mantel. Y no creo que la solución contra la listeriosis sea retirarle las competencias en la materia a los Ayuntamientos, que es la fórmula escogida por los mandatarios de la Junta de Andalucía para propalar de forma sibilina que el Gobierno andaluz del PP carece de responsabilidad en lo sucedido.

Pero junto a esta historia, el goteo de otros casos, que quizá en otros tiempos pasaban inadvertidos, desde luego nos dan para pensar si las administraciones cuentan con suficientes herramientas para que los usuarios nos sintamos protegidos cuando abrimos la boca. No siempre podemos encomendarnos al refrán de que todo lo que no mata engorda. Ahí está la veintena de niños afectados por la venta desde un farmacéutica malagueña de un medicamento destinado a proteger el estómago, y que contenía en realidad un crecepelos elaborado desde China.

Menos grave, pero igualmente preocupante, la clausura de una empresa clandestina que operaba en un polígono en la capital malagueña, dedicado a la producción de zumos, que trabajaba en condiciones higiénicas lamentables para las personas, no tanto para los roedores. O algo que suele ser más habitual, la destrucción de una partida de 110 kilos de atún de procedencia desconocida y destinado al consumo en restaurantes de comida oriental. No hay como una cadena de malas noticias para formularse algunas preguntas: ¿funciona con total garantía el sistema de vigilancia?, ¿con 28 técnicos para toda la provinica de Málaga qué escapa a los controles?

La ministra de Sanidad ha dicho en el Congreso que el año pasado se realizaron 600.000 inspecciones y 113.000 análisis a industrias cárnicas en España. ¿Suficientes? La asociación de consumidores Facua pide un cambio en la ley para obligar a las empresas suscriban un seguro para hacer frente a indemnizaciones para los afectados por intoxicaciones. En 2017 se registraron unas 37.000 en España.

Una sencilla búsqueda de alertas sanitarias emitidas por organismos oficiales daría para un buen guión de una película de terror. Fármacos para la tensión que hay que retirar, efectos secundarios imprevistos en medicamentos, chocolate con sucedáneos de cannabis, sulfitos en lomos de sardina, una tóxica botulímica en unas conservas, controles veterinarios inadecuados en carne polaca, cristales en trozos de pota enlatados... Poco nos pasa.