Todo apunta a que la idea expresada esta semana por el alcalde Sanz de vallar la Plaza de España para cobrar por su entrada, aun exceptuando a los residentes en Sevilla y provincia, no pasará de la ocurrencia o el globo sonda. Tiene, para empezar, dos inconvenientes casi insalvables: primero, que el edificio que la circunda no es sólo del Ayuntamiento; y segundo, que se trata de un espacio público que, aparte su indudable impacto turístico, no deja de ser una (agradable) vía de tránsito para los ciudadanos. Por esa misma regla de tres, esa pulsión privatizadora que asoma inquietante por todas partes puede extenderse por otros lugares de interés. ¿Por qué no hacer lo mismo, llegado el caso, con la Plaza de San Francisco o el Patio de Banderas?

Pero para mí lo más decepcionante del caso es la motivación. Al parecer, el espacio viene siendo objeto de actos vandálicos de forma recurrente, que aconseja una financiación extra para paliar los desperfectos que allí se ocasionan y sufragar los gastos obligados de vigilancia durante las veinticuatro horas. Sin pretenderlo, el alcalde ha puesto sobre la mesa la incapacidad de la Administración para preservar la seguridad de sus principales monumentos, pese a que en ese mismo lugar se ubican importantes organismos (la Subdelegación del Gobierno, sin ir más lejos) sobre los que se presume una labor de vigilancia, y no parece que el sugerido vandalismo proceda precisamente de los turistas. Ya es harto discutible la cesión del espacio para la celebración de festivales de música en primavera, cuando al mismo tiempo se nos alerta del mal estado de conservación del entorno.

Sobrevuela en este asunto un problema sobre el que la ciudad, y da igual el color político desde el que se mire, parece no tener muy claro por dónde tirar. Posiblemente tenga su punto de partida en la crisis y en la importancia creciente que todo lo relacionado con el turismo tiene para la economía. Pasó con la ampliación de la Feria para dejarla a la medida de los hoteleros, de cuyos excesos y sobrecostes nos estamos dando cuenta los ciudadanos de a pie ahora; pasó con la política de manga ancha con los veladores con la excusa de la pandemia que es difícil deshacer sin costes; pasó también con la permisividad con los apartamentos turísticos que ha puesto el precio de alquiler por las nubes; y sigue ahora con esta idea generalizada de ocupar los espacios públicos con cualquier excusa.