Hace años tuve la oportunidad de vivir en Irán y uno de los hechos que más me sorprendieron es como las personas, transformadas por el radicalismo, se convierten en los peores enemigos de sus conciudadanos. Por entonces se creó una policía, llamada religiosa y formada por cualquier seguidor del régimen, que vigilaba el comportamiento de los demás por la calle. Si una pareja se cogía de la mano, 50 latigazos en público; si dos personas del mismo sexo tenían relaciones, eran colgados en las farolas de la principal avenida de Teherán. Ese régimen de terror frente a tus vecinos es el mejor arma para el totalitarismo y, a veces, parece que en España alguno quisiera importarlo, aunque aquí lo llamaríamos “la vieja del visillo”.

Esperemos que sean pocos los que se crean vigilantes y jueces, sin serlo, en este interminable estado de alarma. Sobretodo porque algo tendrían que decir la policía y los jueces de verdad. Aunque viendo como se ha abaratado el despido y los sindicatos guardan un increíble silencio cómplice, todo es posible frente a una ideología ciega.

Y, mientras alguno anda entretenido jugando al colaboracionismo, los grandes avances españoles son desmontados día a día. Un país líder mundial en turismo, con más de 82 millones de visitantes por año, es puesto en el entredicho por alguien que jamás creo un puesto de trabajo. Y para más inri, cuando los demás países tratan de volver a la normalidad y recuperar la libertad de movimientos y el comercio internacional, nos cerramos en banda, imponemos cuarentenas forzosas e intentamos dar lecciones a los demás, cuando ellos tienen muchos menos muertos por habitante que nosotros.

Pero algunos movimientos son mucho más sutiles. Tratar de cambiar la ley de universidades, o quitar la obligatoriedad de las matemáticas para los que quieran cursar ingenierías o económicas, poco tiene que ver con la salud pública. Para un país como España, séptima potencia mundial en investigación matemática, y donde este sector tiene un 0% de paro e impulsa el 10% del PIB, hay políticos que deberían profundizar en ella. Sobretodo cuando tenemos que pedir perdón por equivocarnos en 7.000 millones de euros en la documentación enviada a Bruselas, o nos olvidamos contar 9.000 millones en nuestros propios presupuestos. Porque si, después de esto, no nos hacen falta más matemáticas, todos los errores acabarán en un terrible “ajuste de cuentas”.