Ángel Valencia
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En una política tan polarizada como la actual, hasta el uso de las armas blancas es capaz de enfangar el debate y de provocar un rifirrafe político. Ayer, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, advirtió de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pretendía sacar ahora este asunto “para tapar su ausencia durante los incendios de Andalucía este verano”. “Y lo hace pidiendo algo que ya se hace por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)”, señaló Salas, después de que Moreno pidiera dotar a las FCSE de medios “suficientes” para evitar estos incidentes con arma blanca y también para que se haga una campaña para el chequeo, la identificación y sancionar. Al respecto, Salas incidió en que “sólo el año pasado se tramitaron 1.577 expedientes de sanción por tenencia de armas blancas en la provincia de Málaga. Es decir, más de cuatro expedientes sancionadores diarios”. Más allá de número y de explicaciones, a veces en las antípodas, hay asuntos en los que todas las administraciones deben de ir de la mano y huir de la confrontación. Y el debate sobre el uso de las armas blancas debería ser uno de ellos.
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