Ha dicho el portavoz de uno de los grupos parlamentarios del Congreso que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han ratificado la sanción disciplinaria al juez Tirado han defraudado al Parlamento. Al parecer, en otros grupos piensan, más o menos, lo mismo. Puede que lleven razón, pero no conviene olvidar que, en mi opinión, antes de esta decepción hubo otra: la que protagonizaron las propias Cortes cuando eligieron, de la forma de la que lo hicieron, a los actuales vocales del Consejo. Seguramente, aquel fraude de entonces tuvo mucho que ver con el que se denuncia ahora.

La Ley establece que los veinte vocales del Consejo serán elegidos por las Cortes Generales, aunque la Constitución directamente les encomienda elegir sólo ocho. Esta opción es ya de por sí controvertida, pero su justificación parece bastante razonable: paliar (ahora sabemos que no es posible evitarlo del todo) el corporativismo que propiciaría que fueran los propios jueces los que designaran a los otros doce, que, de todos modos, han de ser necesariamente jueces para poder ser elegidos. Pero cuando el Tribunal Constitucional aclaró que la elección parlamentaria de todos los vocales del CGPJ no era contraria a la Constitución, ya alertó sobre la necesidad de extremar los controles que la propia Constitución establece si se querían evitar tanto el riesgo corporativista como el peligro de partidismo en el seno del Consejo.

Lejos de tomar nota de lo que dijo el Tribunal Constitucional, y al igual que han hecho con otros órganos constitucionales cuya elección es también parlamentaria, las Cortes han venido desde entonces permitiendo una práctica que, en aras de un mal entendido consenso, hurta al Parlamento (ya saben, ese sitio donde hay luz y taquígrafos) y, de paso, a los ciudadanos, el conocimiento previo de lo que piensan sobre el gobierno de la justicia los candidatos a vocales del CGPJ. En las comparecencias en las que las Cortes tuvieron en teoría que certificar el "reconocido prestigio" de los vocales (aunque, de hecho, el reglamento de las Cámaras ni siquiera prevé que comparezcan todos los candidatos) nadie pensó que era la ocasión constitucionalmente idónea para preguntarles si pensaban que un juez es el responsable último de la ejecución de sus sentencias, si creían que un error judicial cuya consecuencia es la muerte de una menor debería merecer la calificación de muy grave, o si eran de la opinión de que la responsabilidad disciplinaria de los jueces debe exigirse con el mismo rigor con el que se le exige a otros funcionarios de la administración de justicia. Si alguien hubiera hecho estas preguntas, y aunque los candidatos hubieran rehusado comentar asuntos concretos que más tarde habrían tenido que resolver, a buen seguro habrían proporcionado al Parlamento y a la opinión pública una información muy útil sobre su idoneidad para el cargo al que se postulaban. Pero nadie preguntó nada, aunque todos sabían que el Consejo que tenían que elegir debería resolver el recurso contra la sanción impuesta por el Consejo anterior.

Las Cortes podrían pues haberse interesado por lo que pensaban a este respecto los vocales que iban a elegir, pero no hubo nadie que mostrara interés por esa cuestión. Ni por esa ni por ninguna otra, pues la comparecencia en las Cortes de los candidatos del CGPJ fue, como habitualmente, un mero trámite sin contenido ninguno. No sólo eso: frente al mutismo de los que en ese momento deberían haber hablado, se alzaron las voces de los que no debieron haberlo hecho: destacados miembros del Gobierno (su Vicepresidenta, el ministro de Justicia) presionaron públicamente para que el nuevo Consejo reaccionara frente a la tibieza del anterior con una sanción ejemplar.

El colmo del desaguisado fue la convocatoria de los candidatos a las respectivas sedes de los partidos proponentes (ya saben, esos sitios donde no abundan los taquígrafos), donde es posible que se generaran algunas de las expectativas que ahora se han visto defraudadas. Y la bienintencionada, pero errónea, decisión del presidente Zapatero de intentar garantizar la independencia del Consejo mermando la primera decisión en la que esa independencia debería haberse manifestado, la elección de su presidente, que sólo al propio Consejo compete.

Cada uno de los muchos palos presentes en este trágico episodio (el pederasta homicida, el juez negligente, la ineficiente administración de justicia, el corporativista gobierno de los jueces) debe aguantar su vela. Las Cortes tienen también la suya: siguen sin estar a la altura de lo que la Constitución les exige a la hora de elegir los titulares de otros órganos constitucionales.