¿Más financiación municipal?

Cada cierto tiempo, los alcaldes se lanzan a exigir más dinero. Esta vez, más de 40 regidores del PP se reunieron en Málaga para reclamar una mejor financiación municipal al Gobierno central. La excusa es siempre la misma: los ayuntamientos están asfixiados, no pueden asumir sus competencias y necesitan urgentemente más recursos. Y como en cada una de estas reivindicaciones, la gran pregunta que nadie se atreve a formular es si el problema real es la falta de financiación o el despilfarro del dinero público.

España arrastra una deuda pública superior al 110% del PIB, un déficit estructural desbocado y un gasto público que ha crecido sin control en la última década. Estamos pagando a crédito, sosteniendo un Estado mastodóntico con dinero prestado y, aun así, los ayuntamientos siguen reclamando más. Pero, ¿cómo se gestiona lo que ya tienen? Porque antes de poner la mano, lo primero debería ser hacer una auditoría de en qué se está gastando el dinero. Y ahí es donde empieza el problema.

El dinero de los ayuntamientos no se va solo en alumbrado, limpieza o transporte público. Se va en asesores innecesarios, en organismos inútiles, en subvenciones sin control y en proyectos faraónicos que duplican su coste sin que nadie asuma responsabilidades. Solo en Málaga, el gasto en sueldos de asesores y cargos de confianza superó los 5,5 millones de euros el año pasado. Dinero que sale del contribuyente y que no tiene ninguna justificación real más allá de colocar a los afines del partido de turno. Pero eso no es todo. Las subvenciones a asociaciones y colectivos afines siguen siendo un agujero negro. Cada año se destinan millones de euros a entidades cuyo impacto real es prácticamente imposible de medir. Se financian cursos de formación que no forman, programas sociales que no solucionan nada y eventos institucionales que son poco más que turismo político encubierto. Y luego están las obras innecesarias, rotondas con esculturas absurdas, proyectos de reforma que acaban costando el doble de lo presupuestado y contratos públicos inflados que, casualmente, acaban siempre en manos de las mismas empresas.

El problema de la financiación municipal no es que el dinero no llegue, sino que se administra mal. Y la solución no es seguir exprimiendo al ciudadano con más impuestos o pedir más dinero al Gobierno central, sino aplicar lo que en Argentina se ha bautizado como la “motosierra fiscal” y en Estados Unidos ha sido una de las banderas de Trump: reducir el gasto público innecesario, acabar con la burocracia inútil y dejar de utilizar el dinero de todos como si fuera un cheque en blanco para la política. Ningún alcalde se atreve a plantearlo porque la política española se basa en una premisa fundamental: comprar votos con dinero público. Recortar asesores, cerrar chiringuitos y reducir la burocracia significa perder poder, y eso es algo que ningún gobernante quiere.