‘Lawfare’ 
a la carta

El lawfare es la instrumentalización del derecho y de los procedimientos judiciales con fines políticos para dañar o inhabilitar a un adversario. Sin embargo, estamos viendo cómo, permanentemente, desde el Gobierno y sus socios de legislatura, se acusa a jueces y tribunales de cometer lawfare cada vez que sus instrucciones o sentencias son consideras por ellos como contrarias a sus intereses.

El caso más reciente −del que ni siquiera conocemos todavía los fundamentos jurídicos −es la sentencia de inhabilitación y multa impuesta al fiscal general García Ortiz. Antes incluso de leerla, varios miembros del Gobierno y su entorno se lanzaron a acusar al tribunal que lo juzgó de actuar con intención política para perjudicar al Ejecutivo. La decisión de la sala se adoptó por cinco votos a favor y dos en contra. Una de las magistradas progresistas, del tribunal que ha condenado a García Ortiz, Susana Polo, fue la ponente del auto que acordó encausarlo y, sin embargo, en el caso de los ERE, se opuso a la condena de Griñán por malversación. Y otro magistrado, en este caso conservador, Juan R. Berdugo, fue el ponente de la sentencia que ratificó la condena al PP por lucrarse del caso Gürtel. Es decir, que no vale acusar de lawfare a la carta, según convenga.

Resulta paradójico, además, que se produjera una manifestación ante el Tribunal Supremo contra esa sentencia, en la que se corearon insultos como “¡vergüenza!” o “¡golpistas con toga!”, encabezada por figuras como la del exjuez Baltasar Garzón −condenado por el propio Supremo a 11 años de inhabilitación por prevaricación− y su pareja, la fiscal Dolores Delgado, quien probablemente vuelva a ser propuesta como fiscal general pese a su clara filiación socialista y a haber sido ministra del Gobierno de Sánchez.

El presidente Sánchez ha declarado que “acata la sentencia”. ¡Solo faltaba! Además, el condenado ha sido el fiscal. Él no tiene nada que acatar. También continúa afirmando −después de haber intentado influir en el tribunal dando el veredicto públicamente de inocente al fiscal antes de conocer el fallo− que “cree en la inocencia del fiscal general”. ¿Y qué? También creyó en Ábalos y en su sustituto Cerdán. Me temo que, viendo los antecedentes, todo aquel en quien dice creer termina siendo un presunto delincuente. Los que gozan de la confianza de Sánchez parecen cargar, desgraciadamente, con una presunción de culpabilidad hasta que se demuestre lo contrario.

Y yo me pregunto, cuando el Tribunal Constitucional decidió declarar constitucional la amnistía, y lo hizo por seis votos a favor y cuatro en contra, ¿no hubo lawfare para favorecer los intereses del Gobierno y sus socios? Pedro Sánchez, como un autócrata en toda regla, ha venido utilizando al Tribunal Constitucional para corregir sentencias, desfavorables a sus intereses, dictadas por otros tribunales, como en el caso de los ERE o en el de la citada amnistía. Y que no se queje tanto que todos los delincuentes sufren el mismo acoso policial y judicial.