La lista más votada

El debate sobre la virtualidad de que gobierne la lista más votada aparece de vez en cuando en el ámbito nacional

Como el Guadiana, el debate sobre la virtualidad de que gobierne la lista más votada aparece de vez en cuando en el panorama nacional. Es cierto que, no por casualidad, esta cuestión se suele plantear cuando el PP piensa que esta fórmula beneficia sus intereses. Los que calificaron la unión de fuerzas progresistas como "pactos de perdedores" o los acusaron de conseguir los gobiernos en los despachos, no han tenido empacho, cuando las circunstancias se lo han permitido, en buscar alianzas de minoritarios para gobernar, como ya lo hicieron en Madrid, Andalucía, Murcia o Castilla y León. Ahora, cuando piensan que esta fórmula podría beneficiarles, vuelve de nuevo el debate sobre la conveniencia de que sea el partido que obtenga más escaños el que gobierne sin necesidad de otras ayudas parlamentarias. El enunciado es tan simple que a primera vista parece atractivo y puede despertar apoyos, pero lo cierto es que el tema es bastante más complejo.

Adjudicar el gobierno de forma automática a la lista más votada, pero sin dotarla de los elementos necesarios para poder ejercerlo, como es el de tener una mayoría parlamentaria de apoyo, es condenarlo a la inoperancia permanente y al desgobierno. Por el contrario, gobernar desde la minoría sin necesidad de buscar el acuerdo con otras fuerzas exigiría primar a ese partido sumándole un alto número de escaños que supondría una alteración significativa de los resultados electorales, porque permitir a un ejecutivo comportarse como si se tuviera mayoría absoluta sin haberla conseguido no deja de ser un fraude a la voluntad popular. Es cierto que este mecanismo se aplica en algunos sistemas electorales, pero no es el más democrático.

Hay otros caminos para el mismo efecto que se basan en el sistema de doble vuelta o el mayoritario que igualmente tienen vigencia en algunos países de nuestro entorno. Estas fórmulas, además de significar un cambio sustancial en nuestra legislación electoral, llevarían aparejado el indeseado efecto de dejar fuera de la representación institucional a la mayoría de actuales partidos políticos. Es cierto que el actual sistema de exigir, en ausencia de una mayoría absoluta, acuerdos entre grupos parlamentarios para constituir un gobierno puede suponer una complicación inicial, pero sin duda es el mecanismo más depurado de elección de la democracia parlamentaria que intenta dar la mayor estabilidad posible al gobierno elegido y refleja mejor la voluntad de los electores.

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