LA mejora de las condiciones vitales de la población, los avances médicos y cuidados en general han dirigido el problema de la sanidad pública hacia la atenuación de los rigores de las patologías crónicas. Hemos conseguido que enfermedades de corto recorrido, como por ejemplo el cáncer o el sida, se trasformen en enfermedades largas, de escaso o nulo sufrimiento, con supervivencias de muchos años, donde el papel de los propios afectados es crucial para la prolongación de la vida y la sostenibilidad de los sistemas. 

Ha de tenerse en cuenta que desde que nacemos nuestro patrimonio personal básico es la salud y hemos de asistirlo a lo largo de la vida, permaneciendo siempre como sus principales valedores. Es el más preciado de los bienes y nadie lo conoce mejor que sus titulares, nosotros. Su vigilancia comprende desde la prevención a la protección.

De las obligaciones sobresalen la de prevenir enfermedades evitables cuya aparición podemos controlar, por ejemplo, las derivadas del tabaquismo, o la de protegernos de aquellas causas de padecimiento o lesión provenientes de agresiones, algunas tan corrientes como las de los accidentes de tráfico. Es decir, en la cuenta de nuestros deberes figura poseer información amplia sobre las causas y modos de soslayar la enfermedad y hacer hincapié en los factores favorables que nos acompañan siempre: alimentación, medio ambiente y hábitos saludables. Tres pilares que conducen a llevar la mejor vida posible y a cuidar nuestro mejor capital, el de la salud.

Es hacia allí a donde nos conduce la nueva Ley de Salud Pública. La nueva normativa, cuyo desarrollo está recogido en el Estatuto de Autonomía, destaca por su carácter vanguardista y transversal y pretende que cada política e iniciativa (de empleo, vivienda, deportes, innovación, educación, urbanismo…) incorpore la salud colectiva, beneficie a los ciudadanos e incluya la evaluación del impacto en la salud desde todos los ámbitos.

El texto establece derechos de nuevo cuño, sitúa a la ciudadanía como eje central de las actuaciones y garantiza la equidad generacional, un principio normativo por el que cada generación tendrá la obligación de asegurar la salud colectiva y que el entorno que la posibilita se mantenga y mejore en beneficio de las futuras generaciones. Se regulan por tanto los derechos y responsabilidades de la población frente a la salud de todos, las garantías para su cumplimiento y los fines y principios de la organización de la Salud Pública en la sociedad actual. 

Destacamos como derechos nuevos, recogidos en la ley, los de información, no solo como conocimiento sino también como formación, capacitando al individuo para autocuidarse y participar en las decisiones colectivas de mejora de la salud e impulsando a la adopción de estrategias y medidas a las autoridades competentes en cada caso.

Esto lleva al estudio y evaluación del impacto en la salud en toda actividad, programa o proyecto a llevar a cabo por las iniciativas públicas o privadas, en especial las de vivienda, movilidad, áreas industriales, desarrollo en general; correspondiendo a la Consejería de Salud emitir esos informes.

Se potencian las acciones de control de alimentos que abarcan desde su origen a su distribución y comercialización. Asimismo incluye el derecho a beneficiarse de las inmunizaciones o vacunas pertinentes para evitar enfermedades infectocontagiosas o transmisibles, además de otras prestaciones preventivas. 

Entre las obligaciones recogidas en el texto normativo para la ciudadanía gozan de preferencia las de poner en práctica medidas de protección, promoción y prevención; las de utilizar adecuadamente la información recibida; las de no causar voluntariamente un peligro para la salud; las de poner en conocimiento de la autoridad sanitaria cualquier situación que pueda constituir una emergencia pública; y las de cooperar a la calidad de vida. El anteproyecto establece sanciones (de 600 a 600.000 euros) para los incumplimientos de la ley.

La Consejería de Salud gestionará sus competencias a través del Instituto Andaluz de Salud Pública, al mismo tiempo que creará un centro de investigación y un observatorio.

Destacamos también el papel que se les da a los municipios en la promoción, defensa y protección de la Salud Pública, contemplado inicialmente en la LAU, Ley de autonomía Local de Andalucía, lo que permite a los ayuntamientos la elaboración e implantación de los planes locales de salud de tanta importancia para conseguir municipios saludables.

Es de resaltar, por último, el hecho de que en épocas difíciles como las actuales el Gobierno de la Junta de Andalucía trabaje en temas de tan profundo significado social y de futuro como éste, asegurando su vocación de construir y disfrutar de una Andalucía saludable para los ciudadanos por encima de todo.