Vía Augusta
Alberto Grimaldi
La conversión de Pedro
Pedro Sánchez jugó en su entrevista en RTVE la penúltima carta que le quedaba desde que se tomó cinco días de asuntos propios para reflexionar sobre su futuro: criticar a la oposición y a los jueces que investigan a su entorno. El presidente, con su rostro afilado y el tono algo envarado, intentó convencernos de que sufre una caza de brujas que sólo finalizará cuando abandone La Moncloa. Y bajo este mantra, sentenció que hay jueces que se dedican a hacer política. Es cierto que en un país que no se toma en serio la Justicia, el terreno está abonado. Y poco ayudan instrucciones como la del juez Peinado, corregido por la Audiencia. Tampoco el PP ha estado a la altura, al resistirse a renovar el Poder Judicial para no perder influencia. La ciudadanía está curada de espanto y ni siquiera le preocupó la polémica presencia del fiscal general García Ortiz, que no guardó el más mínimo decoro, en la tensa apertura del año judicial presidida por el Rey. Lo que de verdad le aleja de la Justicia es su exasperante lentitud. Y las iniciativas del ministro Bolaños para aliviar la carga judicial, por ahora sólo sirven para ralentizar aún más los procedimientos. Con las nuevas fórmulas de mediación, hoy el ciudadano ha de demostrar que lo intenta todo antes de pleitear y en cambio antes planteaba sin más la demanda si pensaba que sus derechos habían sido lesionados.
La bronca está servida, pero se equivocó Feijóo por su falta de respeto institucional al ausentarse del acto para señalar a García Ortiz, porque debió acudir para reflexionar, precisamente, sobre la reforma judicial que defienden Sánchez y Bolaños. Ni nace del consenso, ni ataca los graves problemas que padece el sistema judicial. En lugar de restar privilegios a la clase política, los aumenta. Pero aún seduce menos la idea de que sean los fiscales los que dirijan las investigaciones en el futuro, lo que restaría garantías en nuestro caso porque, desgraciadamente, todos sabemos en este país de quién depende el fiscal general. Por fortuna, la presidenta del Poder Judicial ha dejado claro que los jueces no reciben órdenes de nadie. Pero seguro que el alegato de Isabel Perelló, al afearle al Ejecutivo sus críticas, no le quitó el sueño a Sánchez. Su problema ni siquiera reside en que algún juez se la tenga jurada: su problema es que encuentren pruebas para juzgar a sus colaboradores más estrechos y a su entorno. Por eso siembra dudas sin conciencia de cargo. Si admitiera que le embarga una honda preocupación, entonces sí que tendría que marcharse.
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