Regularización sin rumbo

La propuesta de regularizar a unas 500.000 personas en situación administrativa irregular se ha presentado como “solución humanitaria” y “necesidad económica”. El Gobierno la impulsa por real decreto, con criterios de residencia previa y ausencia de antecedentes penales, y con aplicación prevista a partir de abril de 2026. Llega, además, tras años de presión social y una ILP respaldada por centenares de miles de firmas.

El debate real, sin embargo, no es un sello en un documento: es la capacidad del Estado para ordenar su propia casa. España ha cambiado a una velocidad inédita. A comienzos de los 2000, la población con nacionalidad extranjera estaba aún por debajo del millón; hoy hablamos de una realidad demográfica y laboral masiva, y el empleo de origen extranjero ya roza el 16% del total según la EPA. Si la tendencia se mantiene, el país se acercará rápidamente a una España de más de 11 millones de población de origen inmigrado, con impacto directo en vivienda, escuela, sanidad y cohesión social.

La integración funciona cuando hay reglas claras, expectativas compartidas y un esfuerzo recíproco. La mayoría de personas migrantes viene a convivir, trabajar y progresar; pero también existe el riesgo —real— de bolsas de segregación donde se normalicen “normas paralelas” y se tensione la convivencia. Esto no se corrige con eslóganes ni con descalificaciones (“facha”, “ultra” o similares), sino con ley, escuela, empleo formal, aprendizaje del idioma común y exigencia cívica. Y con un principio elemental: derechos y deberes son inseparables; quien delinque debe responder y, cuando proceda, ser expulsado conforme al marco legal.

Por eso chirría que esta regularización se venda como gran gesto mientras el país vuelve a comprobar, con tragedias recientes, que los sistemas fallan cuando falta coordinación y protocolos robustos. En el accidente ferroviario de Adamuz, las dudas sobre tiempos de localización, llamadas al 112 y avisos entre servicios han alimentado desconfianza. No se repara con anuncios: se repara con gestión.

Regularizar puede ser razonable si va acompañada de control, recursos y un plan serio de integración. Si se usa como atajo político o cortina de humo, deja un mensaje peligroso: el Estado improvisa. Y cuando el Estado improvisa, la sociedad se polariza.