A vueltas con el aborto

EL Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Dicho texto, auspiciado por el ministro de Justicia, incorpora un cambio radical en la regulación del aborto, sometiendo su ejercicio a drásticas reducciones. Movidos por la intención de enterrar la filosofía de la ley vigente, que considera la interrupción del embarazo como un derecho que la mujer ejerce libremente, aunque contando siempre con la previa información prestada por dos especialistas, la propuesta del ministro Gallardón aplica una visión negativa del aborto en cuanto tal, considerándolo en términos generales una conducta éticamente censurable. En función de tal aproximación, los médicos deberán asumir una conducta activa a la hora de desincentivar su práctica a las mujeres que acudan a sus consultas para abortar. No escapa a este influjo reprobador ni siquiera el supuesto en el que la interrupción del embarazo tenga como causa la detección de graves taras en el feto (el denominado aborto "eugenésico").

La evidente carga ideológica que subyace a esta manera de concebir la interrupción voluntaria del embarazo no resulta acorde con el pluralismo en el que se fundamenta la Constitución y que se considera uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Tampoco con la libertad de conciencia, derecho fundamental que se erige en piedra angular de todo Estado democrático. También del español. El contenido del anteproyecto no respeta ni toma en consideración la libertad de la mujer embarazada, procediendo a subordinar tan trascendente decisión a lo dictaminado por dos informes médicos. De esta forma, no sólo se ignora completamente el tremendo dilema ético al que se enfrenta una madre ante la llegada de un hijo con importantes defectos psíquicos o psíquicos. Asimismo, se le hurta la capacidad para adoptar libremente una decisión acorde con su conciencia.

Teniendo en cuenta lo expuesto, me limitaré a basar mi discrepancia con tal previsión apelando a un argumento de índole estrictamente jurídica, debiendo recordar que esta modalidad de interrupción de la gestación cuenta con el aval expreso del Tribunal Constitucional. Razonaba dicho órgano en 1985 que la conclusión forzada del embarazo en tales circunstancias "entrañaría la imposición de una conducta que excede de la que normalmente es exigible a la madre y a la familia". Una exigencia excepcional que, como el mismo tribunal apuntó entonces, se ve "agravada en muchos casos por la insuficiencia de prestaciones estatales y sociales que contribuyan de modo significativo a paliar en el aspecto asistencial la situación, y a eliminar la inseguridad que inevitablemente ha de angustiar a los padres acerca de la suerte del afectado por la grave tara en el caso de que les sobreviva" (STC 53/1985, FJ 11). Ninguna de tales consideraciones en clave constitucional han sido tenidas en consideración por la modificación legislativa que ahora se propone.

El hecho es que hasta la llegada de Gallardón al Ministerio de Justicia el supuesto del aborto no se había presentado como una cuestión conflictiva en el Partido Popular. Así lo confirma el hecho de que en los ocho años de gobierno de José María Aznar no se planteara la modificación de la legislación vigente. Durante dicha etapa, pues, el rechazo de la interrupción voluntaria del embarazo quedó circunscrita al terreno de lo estrictamente simbólico. Hay que esperar a la ley de 2010, que permite el aborto durante las 14 primeras semanas de gestación (el denominado "sistema de plazos"), para que dicha fuerza política haya procedido a cuestionar ante el TC la constitucionalidad no del aborto en general, sino de este supuesto concreto.

Con esta propuesta de reforma en materia de aborto eugenésico, directamente en sintonía con el sector más ultraconservador de la Iglesia católica, por lo demás, se está evidenciando la ausencia de consenso entre las filas populares. Así ha quedado patente a través de las serias dudas manifestadas desde diversos sectores del partido -la más significativa, la del presidente de Extremadura-, abogando por respetar la libertad individual a la hora de votar en el trámite parlamentario. La evasiva respuesta a tal petición, sin embargo, parece apuntar hacia el mantenimiento de la disciplina de voto en detrimento del respeto de la conciencia personal.

Teniendo en cuenta la intensa y variada problemática inherente a esta regresiva propuesta de modificación del aborto, nos preguntamos qué pretende realmente el Gobierno con la misma. Tratándose de uno de esos raros terrenos en donde impera un consenso social generalizado, ¿tiene algún sentido abrir un frente adicional de desencuentro, creando un problema allí donde no lo había?