La Junta de Andalucía ha aprobado la puesta en marcha de un amplio programa de medidas para luchar contra la excesiva burocracia que entorpece y enlentece las relaciones de las empresas y de los ciudadanos con la Administración. Una buena noticia que sería todavía mejor si no sonase a promesa reiterada y nunca cumplida. En efecto, desde que se produjo el cambio político a comienzos de 2019, la simplificación administrativa fue uno de los mantras del Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos como ahora lo es del Ejecutivo de mayoría absoluta de Juanma Moreno. Pero lo cierto es que en estos cinco años largos es poco lo que, con resultados efectivos, se ha hecho en esta dirección. No es un problema nuevo ni mucho menos. La instauración del Estado de las Autonomías supuso tanto en Andalucía como en el resto de las comunidades la creación de enormes aparatos burocráticos y de prolijas reglamentaciones. Un bosque que costaba mucho ordenar y desbrozar para sacar adelante cualquier proyecto o trámite. A grandes rasgos, esta sigue siendo la realidad de hoy, como demuestra el enorme abanico de medidas que recoge el plan al que ha dado luz verde el Consejo de Gobierno andaluz. Entre ellas, cabe destacar reducciones significativas de los plazos de las licitaciones públicas, las autorizaciones medioambientales o la tramitación de prestaciones sociales. Se trata, en definitiva, de hacer más amigable el entorno para facilitar las inversiones empresariales y evitar que se eternicen tramitaciones como la de la concesión de ayudas para la dependencia. El plan demostrará su efectividad si en un plazo razonable se pueden ver sus resultados. La burocracia sigue siendo un freno para el desarrollo de proyectos de inversión que terminan frustrándose o yéndose a otras regiones. De lo que se trata es de tener una Administración ágil, que ayude y que no entorpezca sin por ello abdicar de sus obligaciones de control. Si esta vez se consigue, Andalucía habrá dado un importante paso hacia adelante.