El pleno del Congreso aprobará hoy, a no ser que se produzca un imprevisible terremoto político, la ley de amnistía gracias a la sólida mayoría de 178 diputados que garantizan las alianzas forjadas por Pedro Sánchez tras las elecciones del 23 de julio. Al texto legal le queda todavía la tramitación en el Senado, donde la mayoría absoluta del PP hará todo lo posible por retrasar su entrada en vigor, pero no evitará, como no lo han hecho tampoco las movilizaciones en la calle convocadas por este partido, que la amnistía se convierta en una realidad jurídica, con la legitimidad incuestionable que emana del órgano que representa la soberanía nacional. Una vez que la ley esté en vigor deberá todavía pasar los filtros del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, órganos encargados de velar por que la norma se ajuste al ordenamiento español, por una parte, y, por la otra, al Derecho europeo, lo cual no está, ni mucho menos, garantizado. Pero, pase lo que pase y desde un punto de vista estrictamente político, de lo que no cabe duda es de que lo que hoy aprueba el Congreso es una ley de impunidad para borrar los delitos que se cometieron en el atentado más grave contra la democracia española desde la intentona golpista de 1981 y que si el Gobierno de la nación ha accedido a transitar por esta vía es porque a Sánchez le hacían falta siete votos para blindar su permanencia en la Moncloa. El presidente se ha plegado ante todas y cada una de las exigencias sectarias que le han impuesto sus socios parlamentarios hasta el punto de que no es exagerado afirmar que la ley la han redactado los que van a ser sus directos beneficiarios. A partir de hoy en España se consagran, mediante un texto legal, territorios de impunidad en los que la gravedad de un delito se supedita a factores de conveniencia política. El daño que se le ha hecho al Estado de Derecho y al sistema democrático lo van a pagar todos los ciudadanos.