Una nueva humillación para el Gobierno de Pedro Sánchez, que ve cómo el abismo de la inestabilidad parlamentaria vuelve a abrirse debajo de sus pies. Junts per Catalunya, el partido que el fugado Carles Puigdemont maneja desde su refugio de Waterloo, dio una nueva vuelta de tuerca a sus exigencias para liberar de toda culpa a su líder y tumbó la ley de amnistía que previamente había exigido y pactado. Los separatistas catalanes reclaman plenas garantías de que Puigdemont va a quedar exento de cualquier responsabilidad y los socialistas no han podido todavía ofrecérselas al haber abiertas causas cuyas anulaciones difícilmente pueden encajar en una norma constitucional. El resultado es una derrota espectacular e inesperada del Gobierno en el Congreso y la devolución del texto a la Comisión de Justicia para su renegociación. Lo más probable es que en ese trámite volvamos a asistir a una nueva cesión por parte de Sánchez y que finalmente la amnistía salga adelante en los términos que exige Junts. El escenario alternativo es la voladura de la legislatura y unas elecciones anticipadas de enorme riesgo para el inquilino de la Moncloa. Ayer se produjo una nueva demostración de fuerza por parte del separatismo catalán. El mensaje está claro: Puigdemont tiene la sartén por el mango y Sánchez no tiene otro camino que acceder a sus pretensiones. La amnistía, lejos de ser el instrumento de reforzamiento de la convivencia que vende el Gobierno, no es otra cosa que un instrumento para lograr la impunidad penal de los promotores del golpe de 2017 para que puedan volver a intentarlo. Si alguien tenía alguna duda, ayer pudo resolverla. Se demostró que es un camino sin salida para el Estado de derecho. Su mera formulación y el camino que ha seguido hasta este momento, culminado, por ahora, por el estrambote de ayer, ha dañado ya los cimientos del sistema democrático. Todo hace pensar que este es un proceso que todavía está lejos de terminar.