El reparto de los primeros fondos movilizados por el Ministerio para la Transición Ecológica entre los municipios del área de influencia de Doñana ha provocado una seria fractura que rompe la sintonía lograda con el acuerdo entre la Junta y el Gobierno. La partida ministerial de 70 millones debe adjudicarse entre 14 pueblos de Huelva, Sevilla y Cádiz, entre los que han surgido dos formas de hacer valer sus derechos. Una docena de ellos son partidarios de distribuir esa subvención con criterios de tamaño, según la superficie y su población. Entre ellos no están Almonte e Hinojos, los dos con mayor vínculo histórico y territorial con Doñana, con un 66,32% de sus términos dentro del Parque Nacional, que defienden que la afección de los espacios naturales protegidos prime en el reparto, con variables secundarias de población o desempleo, al margen de unas cuotas fijas para todos. Son, a grandes rasgos, las dos propuestas que han llegado al Ministerio. Teresa Ribera tiene que decidir ahora el criterio para el reparto de las ayudas. La ministra no quiso hacerlo en un primer momento, dejando la iniciativa a los 14 municipios, pero lejos de propiciar una salida consensuada se ha forzado una situación que nada ayuda para alcanzar la paz social en el entorno. La confrontación, como ya se ha visto, no es el camino para lograr la necesaria conciliación entre la preservación de Doñana y el desarrollo socioeconómico de la zona. Y en ese equilibrio es clave la convivencia entre los 14 municipios implicados, que, más allá de la polémica por los usos del agua, deben salir reforzados para asegurar su futuro. El entendimiento y la unidad es el camino, el punto de encuentro al que aspirar ahora, considerando todos los argumentos aportados, que son legítimos. Al Ministerio le toca mediar y dar con una salida satisfactoria mediante el diálogo y el entendimiento. Meses atrás lo consiguió Ribera con Juanma Moreno. Ahora es fundamental para que siga proyectándose la voluntad inequívoca de cuidar Doñana desde su territorio y su gente.