Al campo se le ha acabado la paciencia. Es el mensaje de las protestas que se han desatado en varios países europeos durante las últimas semanas y que estos días tienen en España uno de sus principales escenarios. La sequía que afecta al tamaño y calidad de las cosechas, la política de márgenes que aplican las grandes cadenas de distribución y, sobre todo, el exceso burocrático y reglamentista con el que la Unión Europea atosiga al sector ha hecho que la ruina de muchas explotaciones sea más una realidad que una amenaza. La competencia de terceros países –para Andalucía el caso de Marruecos es el más significativo– con regulaciones mucho menos estrictas está hundiendo las rentas. Así parece admitirlo la propia Comisión Europea que, ante la escalada de movilizaciones, ha cedido en algunas de las condiciones del Pacto Verde y ha aparcado la polémica normativa sobre reducción de pesticidas. El bloqueo de carreteras y nudos logísticos por caravanas de tractores, algunos tan importantes como el Puerto de Málaga, ha encendido todas las alarmas. No es un factor menor de estas protestas el hecho de que hayan surgido de un movimiento espontáneo de agricultores, movilizados a través de aplicaciones de mensajería móvil, al margen de las organizaciones profesionales que durante años han ejercido la defensa del sector. Ello supone una crisis de representatividad de estas patronales, que se han visto superadas por un movimiento que no han sabido controlar. Pero también se produce un riesgo de manipulación política que ya se ha detectado en otros países europeos. La agricultura es una materia extraordinariamente sensible porque comporta el abastecimiento de alimentos para la población. El hecho de que en estos momentos la escalada de protestas, al margen de la legalidad y provocando el corte de importantes vías de comunicación, esté fuera de control y sin dirigentes reconocidos añade un elemento de preocupación que debe ser muy tenido en cuenta.