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Una vez más la Administración pública llega tarde para anticiparse a un problema más que previsible desde hace un año: la eclosión de los patinetes eléctricos como fórmula para moverse por el interior de la ciudad y la falta de una normativa que determine en qué condiciones pueden hacerlo. La nueva moda ha posibilitado que un total de siete empresas prestan este servicio en Málaga capital. Por lo que ahora mismo hay más de 1.400 artilugios de este tipo transitando por la calle con la posibilidad de acabar estacionados en cualquier punto de la vía pública, a la espera de su recogida.
La reacción inicial por parte de los ayuntamientos ante el fenómeno y algunas de sus indeseadas consecuencias fue aguardar al posicionamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias. Más tarde, se quiso dejar en manos de la Dirección General de Tráfico las medidas para regular la circulación. El organismo concernido ya ha anticipado su intención de impedir el paso de estos artilugios por las aceras, en convivencia directa con el peatón, y la prohibición de que puedan alcanzar velocidades superiores a los 25 kilómetros por hora de velocidad. Pero la lentitud para tramitar las modificaciones necesarias en el reglamento de la ley de Seguridad Vial, han obligado a los consistorios a reaccionar, con el riesgo de incurrir en improvisaciones. El Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, ha cambiado su ordenanza de Circulación. Los patinetes, si no llevan sillín, sólo podrán utilizar los carriles bici y las calles semipeatonales con restricción de paso a 20 ó 30 kilómetros por hora. En el caso del Ayuntamiento de Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre, ha anunciado la inminente publicación de un bando municipal. El primer problema que debe afrontar es que, ahora mismo, estos dispositivos ni siquiera tienen la consideración de vehículos, con lo que resulta imposible impedirles el uso de las aceras. El alcalde pretende que, en todo caso, transiten a 10 kilómetros por hora como máximo, cinco menos que en Sevilla, pero habrá que esperar si hay restricciones en algunas áreas. Pero la fórmula de dotar a los agentes de la Policía Local de unos radares móviles para que puedan castigar los excesos, se antoja algo complejo para atajar adecuadamente el problema. Además, falta saber cómo podrán habilitarse zonas de estacionamiento y si finalmente podría castigarse a las empresas concesionarias si no se respetan. Las oportunidades que la tecnología facilita para la movilidad pero no pueden suponer un peligro para los viandantes.
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