En el conjunto de España, pero muy especialmente en Sevilla, recordamos el año 1992 como el de la Exposición Universal. Sin restarle importancia a ese acontecimiento, también convendría recordar que ese mismo año nació la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). En efecto, la ley de Presupuestos de 1991, aprobada el 27 de diciembre, incluía la creación de la Agencia Tributaria, como es popularmente conocida. Sería un grave error subestimar su importancia para el desarrollo del Estado del Bienestar español desde aquella fecha. El cumplimiento de la principal de las tareas que la ley le encomendó, la gestión, inspección y recaudación de los impuestos en toda España, excepto en las provincias vascas y en Navarra, ha venido constituyendo el principal nutriente económico para poder pagar los sueldos de los funcionarios, médicos y profesores, sufragar la construcción y el funcionamiento de los hospitales, escuelas, universidades, carreteras, aeropuertos, embalses, puertos, etc., así como mantener el aparato judicial, los cuerpos de seguridad y las fuerzas armadas. Últimamente, incluso ha prestado dinero para pagar las pensiones. En efecto, en ese capítulo entra el impuesto sobre la renta, el del valor añadido y el de sociedades, que conjuntamente aportan la mayor parte de los ingresos del Estado, sin los cuales no se podría hacer nada de lo mencionado. Pero es que, además, la Agencia Tributaria se encarga de la Vigilancia Aduanera y, por tanto, de la represión del contrabando, otra tarea esencial para nuestro Estado del Bienestar. Sin olvidar su intervención en los impuestos europeos y su colaboración con el sistema judicial en la detección y persecución de determinados delitos, como los propiamente fiscales, pero también los de blanqueo de capitales, ligados a la corrupción política y al narcotráfico.

En resumen, nuestra Agencia Tributaria, uno de los pilares centrales de nuestro Estado del bienestar, goza de general aprobación entre los ciudadanos. Su profesionalidad e independencia viene garantizada por las aproximadamente 25.000 personas que forman su plantilla. Tanto los inspectores de Hacienda, como los subinspectores y los técnicos, exhiben una excelente preparación y gran celo profesional.

Ahora bien, el papel de la Agencia Tributaria quedaría muy disminuido si se le restasen competencias para transferirlas a las Comunidades Autónomas. Es cierto que ya existen Agencias Regionales, pero sus funciones y capacidades son muy limitadas, excepto en las provincias vascas y en Navarra, donde suplen a la estatal. El resultado es que los vascos disfrutan de una renta pública que duplica a la media del resto de España, un milagro debido a que calculan el cupo que tienen que transferir a la caja nacional de una forma que los favorece y, en paralelo, va en detrimento de los restantes españoles. Porque lo cierto es que son los impuestos de los ciudadanos adinerados y las empresas rentables de Madrid, Cataluña y las islas Baleares, pero no los de los vascos, los que están ayudando sustancialmente a mantener el Estado del Bienestar en las demás regiones.

A la vista de esa situación, sería muy perjudicial para Andalucía, y para casi todas las demás comunidades autónomas, que se aplicase a los impuestos la habitual política de transferir a las administraciones autonómicas las competencias pertinentes. En contra de lo que podría sugerir una intuición inflamada de andalucismo, pero mal informada, mantener las competencias de la AEAT es la mejor opción para los andaluces. Sus intereses se verían dañados si transferir a Cataluña la gestión de los impuestos figurase entre las futuras iniciativas chulísimas del gobierno de coalición capitaneado por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Como anterior miembro del gobierno andaluz, la flamante vicepresidenta económica, María Jesús Montero, lo sabe perfectamente.

No se trata de una especulación infundada, sino bien realista. Recordemos que el presidente catalán Mas apostó por el separatismo a raíz de que el presidente español Rajoy le denegase imitar en Cataluña el sistema vasco de gestión de los impuestos. Y tengamos también en cuenta que el propio Mas acaba de declarar que, como el proceso separatista no está en condiciones ahora de lograr su objetivo, hay que volver a la política del pez al cesto. Y ha añadido que el pez gordo es el cupo catalán. Pero solo podría pescarlo desmantelando la AEAT en Cataluña e hipertrofiando la agencia autonómica hasta convertirla en la práctica en independiente. Y el problema es que el presidente Sánchez anda diciendo que no les concederá el referéndum de independencia, pero que todo lo demás puede ser objeto de negociación. Por ejemplo, lo que la consejera catalana de Hacienda llama la financiación singular de Cataluña. Dado que el presidente necesita los votos separatistas para mantenerse, no es imposible que acepte. En consecuencia, si no queremos que se deteriore nuestro sistema de servicios públicos, urge que salvaguardemos la integridad de las funciones de AEAT.