Corre como la pólvora por internet un vídeo en el que el diputado Carlos Flores Juberías cuestiona la idoneidad de Carmen Calvo para ser nombrada presidenta del Consejo de Estado. Los nombramientos estrambóticos han sido una constante en la historia. Según el Suetonio, Calígula, el emperador romano, anunció varias veces su intención de nombrar a su caballo Incitatus(Impetuoso) sacerdote y cónsul, posiblemente para burlarse y ridiculizar a los senadores. Si son ciertos los datos dados por el parlamentario del grupo de Vox –por antipático que pueda resultar –(recuerde el lector que fue condenado en 2002 por la Audiencia Provincial de Valencia por un delito de violencia contra su ex pareja), el césar Pedro Sánchez emula a Calígula burlándose de los diputados y juristas de reconocida competencia.

Se ha puesto de manifiesto la carencia de publicaciones de calidad, la falta de publicación de la tesis y su calificación inusualmente sin Cum laude, la presencia en ellas de faltas de ortografía y erratas (faltas de ortografía groseras como refleción (por reflexión), obstrucionista (obstruccionista), mútuo (mutuo), dictámen (dictamen). A este escribano se le escapan borrones a manta. Al parecer, frente a la recriminación de su falta de publicaciones, Carmen Calvo ha alegado que ha sido obstaculizada por el heteropatriarcado. El argumento no puede ser más falaz porque hoy la mujer domina en la universidad española por méritos propios. En mi disciplina, Derecho Administrativo, María Jesús Montoro Chiner de más edad que Carmen Calvo, es una de las juristas más prestigiosas sin discusión. En mi departamento hay tres catedráticas: Concepción Barrero, Concepción Horgué y Encarnación Montoya. En sus especialidades (Patrimonio Histórico, Costas/Contratación pública, empresa Pública/Derecho minero) son las juristas más prestigiosas y así son reconocidas por la academia. Ese es el reconocimiento del que carece Carmen Calvo. Para mí la explicación de su falta de obra y de publicaciones en revistas científicas jurídicas de calidad obedece a su intensa dedicación a la vida política. Mi respeto por dicha necesaria dedicación, pero es imposible con esa implicación lograr una prestigiosa carrera académica o profesional jurídica.

A mí este caso me recuerda al del Fiscal General de Estado. Felipe González se empeñó en nombrar Fiscal General del Estado al señor Eligio Hernández Gutiérrez. La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1994, (Pleno, Ponente Trillo torres) anuló el Real Decreto 364/1992 de 10 de abril, por el que se nombraba a Eligio Hernández (conocido como “el pollo del Pinar”). Dos fueron los fundamentos de esta decisión. De un lado, que nuestra Constitución es incompatible con la existencia de una parte de la actividad del Gobierno exenta de control jurisdiccional. De otro, el tribunal consideraba que la exigencia de 15 años de ejercicio efectivo era un requisito objetivo, impuesto por el legislador y descrito utilizando un lenguaje netamente jurídico-administrativo que permitía que la jurisdicción pueda valorar su concurrencia, sin tocar en absoluto la libertad del Gobierno para optar políticamente entre la multiplicidad de juristas en los que concurre aquella circunstancia o incluso la de promover la pertinente reforma legislativa, que suprima del Estatuto el mencionado requisito.

Pues bien, la vigente ley Orgánica del Consejo de Estado determina que “el Presidente del Consejo de Estado será nombrado libremente por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado”. Jurista de reconocido prestigio es un concepto jurídico indeterminado que excluye la libertad de opción porque solo admite una única solución justa. Carmen Calvo está fuera de la zona de exclusión del concepto. Ni en sus sueños es una jurista de reconocido prestigio. Si lo fuera cualquiera podría presidir el Consejo de Estado. Esa no es la voluntad del legislador.

El Gobierno es libre de nombrar a quien quiera siempre que cumpla tal requisito. A todas luces no estamos ante una jurista de reconocido prestigio y tal nombramiento, que constituye un monumental despropósito, debe ser anulado por el Tribunal Supremo. Al “pollo del Pinar” en la lucha canaria era difícil tirarlo al suelo. Al final lo hizo el Estado del derecho.