Creo que avanzamos en un camino que nunca se debió abandonar, que es el camino de la política para resolver el conflicto. Cuenta con el compromiso del PSOE y el mío propio para cumplir con el acuerdo”. Su Sanchidad respondía sumiso a las imprecaciones de la portavoz de Junts al final de la sesión de investidura. No se había humillado lo suficiente. El relato bobalicón del reencuentro no le sirve a un separatismo envalentonado. De lo que se trata es de llegar a una independencia sin esfuerzo y costeada por el resto de los españoles. Y si con tal fin hay que aniquilar el orden constitucional, ya estás tardando Pedrito. Papá Noel te están mirando. Como te portes mal, te traerá un camión de mudanzas.

Lo que se ha investido hace unos días no es un presidente del Gobierno. Es un valido del separatismo, tutelado desde Suiza por un prófugo y unos extranjeros. Sin más. Un instrumento para que el resto de los españoles nos hagamos una idea de los padecimientos de nuestros conciudadanos catalanes durante estos años en los que los Gobiernos de Madrid –del PSOE y PP– daban carta blanca al nacionalismo a cambio de sus votos, mientras tejían su red clientelar y vulneraban derechos fundamentales, en especial, en la escuela. Silencio y sometimiento a una narración delirante de la historia. A su desprecio a la democracia, ligada a la incansable búsqueda de la impunidad.

La aniquilación del Estado de derecho mediante una mutación de la Constitución, realizada de forma fraudulenta por no acudir a los mecanismos legalmente instituidos para su reforma, se cuece a fuego lento. Pocas cosas soliviantarían más al personal que una selección de fútbol propia para el separatismo. Una aspiración muy relevante a nivel simbólico para concretar la imposible convivencia de dos naciones enemigas. La anestesia se inyecta con silencio y algo más. El duopolio televisivo, con honrosas excepciones, se apresta a amortiguar el estruendo de una amnistía que cercena la separación de poderes y la igualdad. Los desafectos al régimen naciente son fachas. No se pierde la ocasión de asimilar un movimiento mayoritario, transversal y pluralista de respuesta social a un, tan minoritario como repugnante, reducto de ultras violentos.

Quizá vaya siendo hora, no de compararse, pero sí de aprender de colectivos terriblemente reprimidos, que antes o después del garrotazo oían el inevitable maricón o negro. Una de las formas que encontraron de reivindicarse y contestar a una historia de humillaciones fue reapropiarse del insulto y usarlo entre las personas del grupo con el fin de utilizarlo políticamente como un bumerang. Tal vez, ante tanto facha que ha surgido en España, sea el momento de que todos los que piensan diferente que Su Sanchidad, sean de izquierdas o derechas, se reapropien de una palabra que, de tan manoseada, banaliza al verdadero neofascismo, el de la ultraderecha catalana que considera colonos a los no nacionalistas, hablan de un bache en el ADN o repiten el mantra del España nos roba, y la vindiquen como arma política. Veremos, entonces, la ingente cantidad de fachas que estuvieron en la cárcel franquista o se opusieron a ETA. Sindicalistas, socialistas, comunistas, pero también liberales o conservadores son escupidos con esta injuria tan soez como maledicente.

Cuando Bildu califica como fachas a los que no están dispuestos a someterse a sus dictados, es que ha llegado la hora de la reapropiación. De estar orgulloso de que te califiquen así. Escuchar a la portavoz de Bildu citar a Maquiavelo es algo semejante a oír a Bad Bunny recitar a Miguel Hernández. Que una condenada por apología del terrorismo utilice una frase de un autor caracterizado por la defensa del Estado no solo es patético: es la voz grave entre el agudo coro de chulerías con las que el separatismo mostró la posición real del Partido Sanchista.

Este bodrio jurídico habilitante denominado ley de amnistía supone un evidente paso en la ruptura del orden constitucional y constituye una palanca para amnistiar, con una norma similar, a los etarras. Si la sociedad española y sus instituciones, camino del deterioro total y de amparar la desigualdad, tragan con la primera, cabría cuestionarse la razón por la que no tendrían que hacerlo con la segunda. En España, el bien común y la atención de las necesidades reales de la ciudadanía se han expulsado del debate político. Una mera yuxtaposición de territorios y de intereses de oligarquías regionales anuncia el fin de la soberanía nacional. La voluntad general roussoniana se hunde presa de la foralidad medieval en pleno siglo XXI. Si llegan a atreverse a depurar a jueces desafectos, ya pueden ponerse a la cola el resto de los funcionarios. Un ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes presagia lo peor. Nos queda la calle. De momento.