EDITORIAL
Toda preparación es poca ante los temporales
El Ayuntamiento de Ronda y los funcionarios que trabajan en el Palacio de Justicia de la localidad están a la gresca por el uso que el Consistorio pretende dar al aparcamiento subterráneo del nuevo edificio múltiple, que alberga la sede judicial. Para el Gobierno local, la treintena de empleados judiciales y los efectivos de la Policía Local y Bomberos, que también serán trasladados a este edificio, son insuficientes para un aparcamiento que suma 150 plazas. Por ello, tiene claro que los estacionamientos deberían también abrirse al público, aún cuando los funcionarios esgrimen razones de seguridad contra esa opción.
"Es un gran espacio al que hay que dar uso. No puede estar infrautilizado", declaró ayer el teniente de alcalde José Herrera (PP), al tiempo que anunció que se está estudiando cuál será el sistema de gestión del parking, sin que se descarte una concesión. Indicó además que el Ayuntamiento está manteniendo contactos con la Delegación de Justicia de la Junta de Andalucía para conocer de cuántas plazas libres se dispondría.
La decisión, de entrada, contrasta con varios informes emitidos por la Policía Local de Ronda desaconsejando tal extremo, pero también se ha encontrado con la frontal oposición de los funcionarios. "Es de cajón, la decisión atenta contra la seguridad del edificio", relató ayer una empleada. "Es incoherente el refuerzo de las medidas de seguridad dentro del Palacio de Justicia con hacer público su aparcamiento", añadió Alfredo Díaz, uno de los trabajadores del Juzgado número 3 de Ronda. Para Antonio García, el portavoz judicial en Ronda del sindicato CCOO, "decir que es poco probable que alguien quiera atentar en esta ciudad es un argumento peregrino".
Fuentes de la Delegación de Justicia dijeron que la Junta respetará la decisión que adopte el Ayuntamiento serrano, al haber recepcionado ya la obra el municipio. Sin embargo, CCOO recordó que las normas de seguridad que rigen este edificio "son similares a las de la Ciudad de la Justicia de Málaga".
Los empleados judiciales, al final, anunciaron que están dispuestos a protestar contra la decisión y advirtieron que no permitirán tampoco que el aparcamiento sea utilizado sólo por abogados, secretarios y fiscales y no por el resto de empleados. CCOO, por su parte, denunció que el Ayuntamiento de Ronda pretenda "hacer negocio también con quienes acuden por obligación a los juzgados".
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