Ejecutan la demolición de un muro que invadía terreno público

El Ayuntamiento de Torremolinos procedió a la demolición del muro de la urbanización Aldeamar en cumplimiento de un auto del juzgado Contencioso-Administrativo número 7 de Málaga por el que, según las mediciones de los técnicos municipales, invadía 177,2 metros cuadrados de terreno público, dejando "sin acera y aparcamientos una parte de la calle Doctor Juan Hidalgo", según precisa en el decreto. No obstante, por su parte, la mancomunidad de vecinos reconocía haber invadido solo 89,30 metros cuadrados de vía público.

El Consistorio ordenó por primera vez la demolición del muro en diciembre de 2013, decretándose posteriormente la suspensión cautelar del derribo. Un año después, el juzgado dictó un auto en el que disponía "no haber lugar a la suspensión, y que frente a los intereses de la comunidad de propietarios afectados deben prevalecer los intereses generales". En este sentido, el Ayuntamiento volvió a anunciar nuevas órdenes de demolición hasta en un total de cinco ocasiones, todas ellas sin el respaldo de la comunidad. Casi dos años después desde la primera notificación, la administración local procedió en la mañana de ayer al derribo de la construcción.

Llegado este punto, el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, dictó recientemente un decreto en el que reitera que "el interés del municipio debe prevalecer sobre cualquier interés privado, y que la reiterada, obstinada y contumaz actitud de incumplimiento por parte de la mancomunidad de propietarios del conjunto residencial Aldeamar, supone un menoscabo a la autoridad que no pueden seguir teniendo continuidad en el tiempo".

Así las cosas, pasado este tiempo el Ayuntamiento dispuso que, por parte de la empresa municipal Samset, se llevara a cabo "de inmediato" la demolición del mismo. Al mismo tiempo, estableció que dicha actuación se llevara a cabo bajo la dirección del director de Urbanismo, tras lo que se procederá a la recuperación de suelo de los 89,30 metros cuadrados reconocidos por la propia mancomunidad, y no del total de 177,20 metros cuadrados citados anteriormente. Todo ello, "con carácter provisional hasta que el juzgado dicte sentencia", agregaron.

El nuevo decreto añade, además, que la nueva linde se señale con bolardos, así como que la empresa municipal facture los gastos de demolición "para después repercutirlos subsidiariamente a la mancomunidad según se le había advertido junto con las órdenes de demolición", concluyó.