Manilva inicia los trámites para legalizar las viviendas en suelo rústicoEndurecen las condiciones para acceder a una vivienda social

El Ayuntamiento de Manilva elaborará un calendario de trabajo para analizar la situación de cada uno de los 150 vecinos con propiedades construidas sobre el suelo no urbanizable de la zona de Polígono 7 y dividirlos en grupos que presenten circunstancias similares. El objetivo del Consistorio es normalizar estas construcciones, que en la localidad se conocen como "casas de campo", aunque el concejal de Urbanismo, Diego Urieta, admitió ayer que algunas viviendas tendrán un "difícil encaje legal".

El concejal aseguró en una reunión que mantuvo el martes con los vecinos afectados que el Ayuntamiento tiene la voluntad de solucionar un problema que calificó de "histórico", aunque les avisó de "la necesidad de asumir que en materia de disciplina urbanística imperará el principio de tolerancia cero".

En el encuentro, el delegado transmitió a los dueños el compromiso de aprobar inicialmente en la sesión plenaria de noviembre el avance del Plan General de Ordenación Urbana en el suelo no urbanizable. Tras este trámite, el Consistorio remitirá el documento a la Junta de Andalucía para que lo valore.

A la reunión asistieron también los portavoces de las formaciones políticas con representación en la Corporación, el gerente de Urbanismo, Ildelfonso Narváez, el arquitecto municipal, Gaspar Román, y el ingeniero de caminos municipal, Ernesto Vega.

La Corporación municipal de Estepona retoma hoy la actividad plenaria tras el parón veraniego. Entre las mociones que presenta el gobierno local, perteneciente al equipo del PP, destaca la que introduce restricciones en los requisitos para optar a una vivienda social. La ordenanza establece preferencias para aquellos vecinos que demuestren tener durante los últimos tres meses en una entidad financiera un saldo medio del 10 por ciento del precio de venta de una vivienda de régimen especial. Actualmente, el coste de un inmueble de esta categoría, de unos 70 metros cuadrados útiles, ronda, como mínimo, los 70.000 euros en el municipio costero, por lo que los demandantes tendrán que acreditar ahorros por un valor de 7.000 euros.

"Esto significa que una parte muy importante de la población no pueda optar a una vivienda digna. El alcalde de la localidad, García Urbano, demuestra que está muy alejado de la realidad que vive Estepona", señaló ayer el concejal del PSOE, Fernando Centeno, que recordó que el regidor no ha emprendido todavía ningún proyecto para construir viviendas sociales desde que accedió a la Alcaldía, hace ya un año y medio.

Esta propuesta, que será debatida en el próximo pleno municipal, también elimina el requisito que obliga a estar necesariamente empadronado para poder pujar por uno de estos inmuebles sociales.