Marbella empleará el embargo a la familia Gil para saldar su deuda

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, del PP, aseguró ayer que el Ayuntamiento utilizará las indemnizaciones que obtenga en los procedimientos judiciales en los que está involucrado a devolver la deuda que tiene con la Seguridad Social y Hacienda, que ronda los 270 millones de euros, y con la Junta de Andalucía, a la que debe unos 100 millones. El anuncio se produce un día después de que la regidora comunicara que el Tribunal de Cuentas ha embargado de forma preventiva acciones por valor de 106 millones de euros a los herederos de Jesús Gil, sus cuatro hijos, como contrapartida a un presunto delito de desvíos de fondos municipales entre los años 1991 y 1999, bajo mandato del Grupo Independiente Liberal (GIL).

El equipo de gobierno no podrá acceder a los activos hasta que la Justicia dicte una sentencia firme. Una vez que lo haga, el ejecutivo local subastará las participaciones y empleará la recaudación en liquidar parte de la deuda que mantiene con las administraciones públicas. La decisión del Tribunal de Cuentas es "un paso más", señaló ayer la regidora, en el propósito del equipo de gobierno de restituir el patrimonio municipal con los bienes que, supuestamente, se malversaron durante la década de los años 90 y la primera mitad de 2000.

El Consistorio ha empezado a preparar el camino para ello. El Senado aprobó a finales de junio una cláusula en los Presupuestos Generales del Estado de este ejercicio por la que, entre otras ventajas, el equipo de gobierno podrá destinar los bienes intervenidos en los procesos judiciales con sentencias firmes al pago de la deuda con la Seguridad Social y Hacienda. La misma propuesta le planteó el Consistorio a la Junta para reembolsar los 100 millones de euros del préstamo que el ejecutivo regional concedió en 2006 a la comisión gestora. El Gobierno andaluz rechazó la oferta, pero Muñoz confía en acordar un plan de pagos con la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, "a finales de este mes o principios del que viene".

Lo que sí han pactado ambas administraciones es la devolución de 3 de los 9 millones de euros que el Consistorio reclama a la Junta por una deuda generada por impagos de IBI.