El PSOE de Punta Umbría presentó este viernes una demanda y querella penal contra el alcalde, José Carlos Hernández (UPU), por presunta prevaricación, malversación y continuidad delictiva en la venta de parte del suelo considerado patrimonio municipal.

El secretario general del PSOE de Punta Umbría, Jesús Ferrera, informó en la puerta de los juzgados de Huelva de la presentación de una demanda contencioso-administrativo del Grupo Municipal Socialista contra el acuerdo del pleno del 25 de marzo por el que se aprobaba la convocatoria de venta del SAPU 5, así como una querella por lo penal contra el alcalde de Punta Umbría, Hernández Cansino, por dichos delitos.

Según manifestó, el SAPU 5 es considerado Patrimonio Municipal del Suelo, por lo que para poder venderlo debe de cumplirse el artículo 129 de la Ley de Sostenibilidad de Andalucía que dice que dichas parcelas se tienen que destinar a la construcción de viviendas protegidas y, excepcionalmente, a otro tipo de vivienda o a usos declarados de interés social. "En este sentido, el SAPU 5, tal cual se aprobó en el pleno del 25 de marzo, no solo no contempla bajo ningún concepto la construcción o la realización de vivienda protegida, ni tampoco se ha pedido la excepcionalidad, sino que el destino es para hoteles, apartamentos turísticos, uso comercial y vivienda unifamiliar considerada chalet o viviendas de lujo", declaró.

Por su parte, el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, garantizó este viernes que la enajenación de las parcelas de titularidad municipal B, C, D, E, F del Plan Parcial número 5 del municipio (SAPU 5) "se ajusta a la legalidad" y que "todos los destinos de los ingresos están testados, con sus informes correspondientes", respondiendo así a las palabras del secretario general del partido socialista puntaumbrieño, Jesús Fernández Ferrera.

Asimismo, señaló que "de hecho, en la Providencia de Alcaldía en la que se detallan los proyectos a los que se destinarán los ingresos obtenidos con esta venta se detalla que se construirán viviendas en régimen de alquiler social en una parcela municipal de la avenida de la Libertad" y que para esta construcción de viviendas protegidas "se reservan 5,5 millones de euros, "tal y como puede leerse en el documento". Además, subrayó que ese plan parcial "se aprobó por unanimidad en el Pleno siendo precisamente Jesús Ferrera concejal y cuenta con todas las aprobaciones de las diferentes administraciones".

Según valoró en un comunicado, "todo lo que ha dicho en rueda de prensa es incierto, puesto que no hay en ningún caso previsión de destino a gastos corrientes, sino que los supuestos a los que se dedicará ese dinero están perfectamente cuantificados y especificados y todos ellos son PMS, como inversiones que claramente mejoran el pueblo".

A este respecto, el PSOE indicó que se aprecia un "manifiesto fraude de ley bajo la subsanación de errores". Así, Jesús Ferrera se refirió al hecho de que en diciembre de 2023 se elaboró un informe de valoración del SAPU 5 por un arquitecto ajeno al Ayuntamiento de Punta Umbría por un valor de 18,7 millones de euros.

El 7 de febrero de 2024, la oposición en bloque votó en contra de la venta del SAPU 5 alegando que se vendía muy por debajo del precio real de mercado. Y, en concreto, el PP reclama que no se venda por menos de 38 millones de euros. Pero, el 19 de marzo, por una providencia de la Alcaldía, se requiere al arquitecto que redactó el informe de valoración en diciembre, que emita otro que recoja un nuevo importe para dar respuesta a la petición del PP, tras el pacto alcanzado con el alcalde, y se tasa en 20,3 millones de euros, aprobado posteriormente en el plano del 25 de marzo.

Es por ello que "desde el PSOE entendemos que el alcalde está vulnerando la ley y, por tanto, no se trata de una equivocación, sino de una nueva valoración que desde el Ayuntamiento la quieren vender como un error aritmético". Jesús Ferrera especificó que "otra de las claves para fundamentar la demanda y la querella penal es una clara burla en las normas de contratación que rigen las administraciones públicas, ya que no existe en el pliego de condiciones ni una sola hoja que indique cuando el adjudicatario tiene que empezar a desarrollar la urbanización".

Además, indicó que "hay una posible desviación del dinero obtenido por la venta del SAPU 5 en el caso de que se llegue a ejecutar, ya que tras un informe que elaboran los servicios técnicos municipales, el alcalde destina una parte importante del dinero a gastos corrientes, que pretenden colar camuflados como si fueran inversiones y, por lo tanto, estaría malversando".

Ante ello, Hernández Cansino ha señalado que "garantiza completamente" que esta venta "cumple escrupulosamente con la legalidad, tanto la valoración como el destino de los ingresos son inmaculados, y cuenta con todos los informes favorables, que rezan en el expediente". "Es triste que actúen por venganza personal y política, porque apuntan a que cuando yo estaba en la oposición recurría a los juzgados y por eso ellos van a hacer lo mismo, poniendo en peligro la construcción de esas viviendas de alquiler social tan demandadas por nuestros vecinos y que tenemos intención de realizar, mientras que ellos en 16 años gobernando no levantaron ninguna", concluyó.