Primer derribo de casas ilegales
Las máquinas iniciaron ayer la demolición del edificio que Ávila Rojas levantó sin licencia en Río Real · La segunda, prevista en San Pedro, se acometerá "en breve"
Un edificio levantado a medias y sin licencia sobre una zona verde, con más de medio centenar de viviendas, es desde ayer otro símbolo derrocado de la era GIL en Marbella. Las máquinas entraron en la zona de Golf Río Real, en Las Chapas, para cumplir la orden de demolición decretada por el Ayuntamiento marbellí, la primera de estas características que se ejecuta en el municipio de la Costa del Sol más azotado por el Urbanismo salvaje. En un plazo máximo de cuatro meses, la construcción promovida por Naviro Inmobiliaria, del grupo Ávila Rojas, será historia y dará paso a un equipamiento público, tal y como prevé el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El edificio de Ávila Rojas, empresario granadino procesado en el caso Malaya, se encontraba en fase de revestimiento, aproximadamente al 60% de su ejecución. Tiene planta baja y tres alturas y ocupa, hasta que sea derribado del todo, un suelo catalogado como zona verde en el PGOU de 1986, el único vigente para Marbella hasta que entre en vigor el documento de planeamiento que elabora la Junta. Existe otra orden de derribo que afecta a una obra de la urbanización Linda Vista de San Pedro Alcántara, la estructura de lo que iban a ser seis viviendas adosadas, también inacabadas y, por tanto, no habitadas, levantadas sobre una zona verde por la promotora Prosavi. Esta obra sí tiene licencia, pero se concedió en función del Plan del GIL de 1998. Fuentes municipales informaron ayer de que la demolición de esta construcción se iniciará "en breve".
Estas actuaciones se enmarcan en el acuerdo alcanzado el pasado verano entre el Ayuntamiento de Marbella y la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para la ejecución anticipada del nuevo planeamiento, que está en trámite. La alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz (PP), ha explicado que la aprobación provisional se hará en dos meses, con el objetivo de que el documento sea definitivo antes de que termine el año.
Las dos administraciones acordaron adelantar la concesión de licencias que se ajustarán al nuevo PGOU y avanzar en el derribo de estructuras deshabitadas que no tengan cabida en este documento. Estas premisas se cumplen en los casos de Naviro Inmobiliaria y Prosavi: son irregulares, están desocupadas, sin terminar y no tienen cabida en el modelo de ciudad diseñado en el nuevo PGOU. La alcaldesa advirtió hace menos de dos meses que se trata de los dos únicos derribos que habrá en Marbella, en contra de la opinión de la Junta, que estima que casi una decena de construcciones están en la misma situación que las de Río Real y san Pedro.
El derribo se ha demorado porque las promotoras no habían solicitado al Ayuntamiento la licencia necesaria para llevarlo a cabo, concedida a finales de enero. El coste de la demolición lo asumen las propias empresas. En el caso de Naviro se ha estimado en 52.000 euros, y en el de Prosavi, en 6.000 euros. El suelo quedará libre antes del verano.
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