Torremolinos se posicionó el pasado martes a favor de la creación de una tasa turística en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), sacando a debate esta medida económica que redundaría en beneficio de los servicios municipales que el Consistorio pone a disposición de residentes y turistas, según anunció ayer la teniente de alcalde, Maribel Tocón.

Así lo destacó la representante local, que acudió como vocal a la constitución de la Comisión de Desarrollo Económico de la FAMP, donde también puso sobre la mesa una propuesta para que la Junta de Andalucía vuelva a dotar de presupuesto la partida destinada a los Centros comerciales abiertos, como venía haciendo el anterior Gobierno autonómico del PSOE, algo que también supondría un beneficio para Torremolinos a través de una línea de subvención.

Así, Tocón explicó que Torremolinos, con una población fija de 68.000 habitantes que en los meses de mayo a septiembre puede ascender a 400.000 debido a la afluencia turística, tendría en esta tasa que se le cobraría a los visitantes una “herramienta de justicia”, ya que según indicó, “los ingresos que llegan a nuestro municipio desde otras administraciones van en función de nuestra población fija, por lo que el Ayuntamiento tiene que hacer frente con recursos propios la prestación de servicios durante los meses de verano”.

En este sentido, puso como ejemplo que si cada turista aportara un euro por cada noche que se aloja en Torremolinos, “la ciudad contaría con 5 millones de euros cada año, 5 millones con los que hacer sostenibles los servicios que prestamos de limpieza, seguridad o mantenimiento en nuestro municipio”.

Tocón realizó así una defensa del debate abierto por el alcalde, José Ortiz, enfocado a una estrategia turística basada en la calidad y la excelencia del destino Torremolinos para poder competir en un mercado global y mantener su liderazgo en el segmento de sol y playa en Andalucía, “algo que nos obliga a la mejora continuada de los servicios, motivo por el cual nuestro Ayuntamiento quiere abrir un debate en torno a la aplicación de este tipo de medidas”. Esta opción “depende del acuerdo y de la autorización de administraciones de ámbito superior”, como los gobiernos central y autonómico.