Benalmádena aprueba la gestión privada del agua con la oposición en contra

El Pleno del Ayuntamiento de Benalmádena ha aprobado este jueves aplicar un modelo de gestión indirecta o privada del agua, mediante concesión de los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de residuales en el municipio. La medida ha contado con el voto favorable del PP y en contra del PSOE, IU y VOX, según ha informado el Consistorio.

El edil de Agua, Juan Olea, ha sido el encargado de defender la propuesta en la sesión ordinaria, correspondiente al mes de octubre, donde ha explicado que la medida está basada en los resultados arrojados por el informe técnico, económico y jurídico elaborado por una asesoría “externa e independiente, que ha analizado los pros y los contras de una gestión directa e indirecta de este servicio y ha concluido que a todos los niveles resultará mejor para el municipio y sus vecinos una gestión indirecta, que es la fórmula que se ha venido aplicando en los últimos 25 años”.

En concreto, el estudio elaborado por la consultora Eguesan Energy SL señala que la gestión indirecta “ofrece ventajas significativas en términos de eficiencia, especialización, acceso a tecnologías avanzadas, capacidad inversora y transferencia de riesgos”, mientras que la directa “muestra importantes debilidades estructurales, como su escasa flexibilidad, limitaciones técnicas y financieras y una reducida capacidad de respuesta ante los retos tecnológicos, regulatorios y operativos que exige actualmente la gestión del ciclo integral del agua”, ha apuntado.

De esta forma, en la comparativa económica en la que se realiza una estimación en base a las normativas e inversiones necesarias, la gestión directa supondría unos costes acumulados en 25 años de 526,85 millones de euros, mientas que la indirecta representaría unos costes acumulados de 413,28 millones. En lo referente a los ingresos, la gestión directa supondría unos ingresos a 25 años de la misma cuantía que los gastos, mientas que la indirecta permitiría ingresar 489,83 millones de euros.

“El modelo indirecto muestra un resultado neto positivo de 57,42 millones de euros, con margen para cubrir costes y generar beneficio industrial, mientras que el directo requiere subsidios o ajustes tarifarios continuos para equilibrar su estructura de coste”, señala el estudio, en el que además se añade que la gestión directa, al no tener margen de beneficio, “limita la capacidad de reinversión y actualización tecnológica”.

Olea ha destacado que “las conclusiones del informe no dejan lugar a dudas y en base a ellas hemos tomado la decisión de continuar con la fórmula de gestión indirecta mediante una concesión, de manera que el siguiente paso será decidir si se realiza mediante la contratación de un operador privado, para lo cual se llevará a cabo la correspondiente licitación pública, garantizando siempre todos los principios de transparencia, concurrencia, eficiencia y protección del interés público”.

Mientras avanza este proceso, la Empresa Municipal de Aguas de Benalmádena (Emabesa) continúa prestando el servicio, avalada por los informes favorables de los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

“Hemos sido capaces de resolver en dos años una situación sobre la que no se había trabajado, ni previsto en las anteriores corporaciones, a pesar de que se sabía con exactitud la fecha de finalización de la concesión de Emabesa”, ha afirmado Olea, quien ha insistido en que “cada paso que está dando este Gobierno local está además estudiado y avalado por los correspondientes y necesarios informes, para alcanzar el objetivo último de contar con un servicio de primer nivel para nuestros vecinos, que mejore cada año y que sea capaz de dar respuesta a todos los retos que supone el ciclo integral del agua”.

El PSOE rechaza la medida

Por su parte, el portavoz del PSOE, Víctor Navas, ha defendido que la gestión del agua debe ser “pública, transparente y al servicio de la ciudadanía, y no un negocio en manos de empresas privadas”.

“El agua es un bien común, no un producto con el que hacer negocio. Los beneficios, las plusvalías y las rentabilidades deben quedarse en Benalmádena y revertir en nuestros vecinos, no ir a la cuenta de resultados de una gran multinacional”, ha afirmado el socialista.

Navas ha recordado que en el año 2000, bajo el mandato del entonces alcalde Enrique Bolín, se privatizó el 50% de la empresa pública del agua, “una decisión que hipotecó durante 25 años la gestión de un recurso esencial”.

“Nuestra intención siempre fue recuperar el servicio una vez finalizada la concesión para devolverlo a la gestión 100% municipal, pero el gobierno de Lara ha optado por mantenerlo en manos privadas, con prisas, sin diálogo y con total opacidad”, ha añadido.