El Juzgado vuelve a suspender la declaración del alcalde de Benalmádena por el caso legionela

El Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos ha vuelto a suspender por motivos burocráticos la declaración del alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, por el caso legionela, en el que se investigan presuntas anomalías en la contratación de maquinaria para purificar y tratar agua en los colegios del municipio, sin que se haya fijado una nueva fecha, según han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El Ayuntamiento ha reiterado que la contratación de la maquinaria ha seguido “escrupulosamente el procedimiento legal”, así como ha lamentado que la denuncia interpuestas por los socialistas al respecto “se enmarca dentro de una estrategia inédita de acoso y derribo contra el alcalde".

La citación del regidor estaba prevista para este miércoles, 14 de mayo, tras suspenderse la declaración fijada para el pasado 31 de marzo, y que en aquella ocasión estuvo motivada por la baja médica en la que se encontraba el primer edil tras ser sometido a una intervención quirúrgica, reincorporándose a la actividad finalmente el pasado 5 de mayo.

Según han indicado desde el TSJA, la declaración señalada para este miércoles ha quedado finalmente suspendida por un “problema de citaciones”, en concreto, porque “no ha llegado bien la citación a uno de los abogados”. Al mismo tiempo, han apuntado que no se ha fijado una nueva fecha.

El primer edil deberá acudir a la sede judicial para declarar por el denominado caso legionela en calidad de investigado, tras una denuncia interpuesta por el PSOE el pasado año tras detectarse en enero de 2024 esta bacteria en el colegio María Pineda, y que tiene que ver con la contratación de maquinaria meses antes para purificar y tratar el agua.

La Fiscalía abrió en octubre de 2024 una investigación por la contratación de esta maquinaria, al estimar que “los hechos denunciados podrían ser constitutivos de presuntos delitos contra la administración pública”, según el decreto de la Fiscalía Provincial de Málaga al que ha tenido acceso este diario. Lara está llamado a comparecer como presidente de la empresa municipal Provise Benamiel S. L., que habría contratado la maquinaria; así como la ex gerente de ésta y otros dos empresarios vinculados con 3 sociedades denunciadas también por los socialistas en el marco de la investigación.

Denuncia por la contratación de maquinaria

Según los denunciantes, la empresa municipal habría utilizado dos contratos menores, por un valor de 14.630 euros cada uno, para la “adquisición de máquinas a empresas vinculadas entre sí”, y que según la denuncia están relacionadas con el cónyuge de una concejal del PP del Ayuntamiento de Benalmádena, supuestamente.

Entre las presuntas irregularidades en el proceso de contratación pública, los denunciantes apuntan a “la estrategia de fragmentación de contratos para evitar la publicidad y procedimientos abiertos de licitación más rigurosos”.

También ponen de relieve “la relación directa entre las empresas participantes”, cuyos administradores presentan “presupuestos aparente y supuestamente independientes, pero en realidad controlados por un mismo grupo empresarial, con la finalidad de asegurar que uno de los presupuestos fuera formalmente considerado como el más ventajoso para la empresa pública y alterando el proceso administrativo de adjudicación de contratos públicos”.

Así mismo, lo denunciantes señalan que “el administrador de una de las empresas beneficiadas es cónyuge de una concejal del equipo de gobierno al que pertenece el alcalde, quien actúa como presidente de la empresa pública que adjudica los contratos”.

El Ayuntamiento defiende que la contratación ha seguido el procedimiento legal

Por su parte, el Ayuntamiento ha vuelto a reiterar que la compra de la maquinaria se ha realizado “siguiendo escrupulosamente el procedimiento legal”, así como ha incidido en que “es totalmente falso que exista fraccionamiento de contratos en la adquisición de máquinas antical para el municipio”.

De este modo, desde el Consistorio han asegurado que en el proceso de contratación “se ha seguido rigurosamente el procedimiento establecido por la Ley de Contratos del Sector Público”.

El Consistorio ha señalado que para la compra de estas máquinas, Provise “ha seguido el mismo procedimiento que el gobierno anterior y ha contratado a las mismas empresas del sector”, para lo que se ha utilizado a las compañías que “constan en la base de datos existente en la sociedad municipal, que había sido creada también en la etapa del gobierno anterior”.

El Consistorio ha insistido en que la compra de la maquinaria se ha realizado “siguiendo escrupulosamente el procedimiento legal” y ha criticado que la denuncia “se enmarca dentro de una estrategia inédita de acoso y derribo contra el alcalde". Por último, ha destacado que Provise está a disposición de la Fiscalía y del Juzgado.