El delegado municipal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Ronda, Álvaro Carreño, ha informado que las cuatro personas que vivían de forma permanente en el abandonado edificio del Mueble Rondeño han decidido aceptar un alojamiento temporal en una pensión. Carreño, mantiene que desde su departamento se había ofrecido en varias ocasiones esta opción a estas personas, aunque hasta el momento siempre habían rechazado esta posibilidad, por lo que los agentes de la Policía Local habían "invitado" a los okupas a salir del edificio, dada la peligrosidad que representa el vivir en su interior y el hecho de carecer se servicios básicos como agua o electricidad.

No obstante, según el relato del edil, estas personas volvían a introducirse en el inmueble tras la marcha de los agentes, ya que se trata de un edificio que ha sufrido diferentes actos vandálicos y robos, careciendo en una de sus entradas de puertas, por lo que cualquier persona puede acceder a su interior. El responsable municipal insistió en que son cuatro y no cinco las personas que estaban residiendo en estas dependencias municipales de forma habitual, apuntando a que esa quinta persona debía ser alguien que estaba de paso cuando esta situación fue dada a conocer.

Carreño, ya explicó que en la actualidad tienen constancia de la existencia de 10 casos extremos de necesidad de vivienda, aunque el Consistorio no dispone en la actualidad de casas para poder realojarlos, aunque indicó que se está trabajando lo más rápido posible en poner nuevas viviendas sociales a disposición de las familias necesitadas.

Por otra parte, desde el Consistorio sí se habría logrado una plaza de residencia para otra persona que también vive en una infravivienda, aunque en este caso habría rechazado dicha opción porque se vería obligado a separarse de su perro, algo a lo que dice no estar dispuesto.

La situación en la que vivían estos rondeños había sido denunciada por el Partido Popular, que exigió a Gobierno municipal una solución inmediata ante el riesgo que estaban corriendo estas personas, debido al mal estado del edificio y a las amenazas que aseguraban haber sufrido por parte de otras personas que se introducían en el inmueble. Además, los populares preguntaron a Carreño si era cierto que había dado su consentimiento para que viviesen en este edificio, aunque el edil negó, al tiempo que aseguraba que la situación se remontaba dos años en el tiempo.