Jueves Santo. Un preso ingresa en la cárcel de Alhaurín de la Torre y, a su llegada, es sometido al rutinario control de seguridad. Nada hace presagiar que se había tragado un teléfono móvil en miniatura y, menos aún, que se acabaría fugando del hospital Clínico de Málaga, hasta donde había sido conducido tras confesar la ingesta. La Guardia Civil busca al recluso, que supuestamente logró escapar de la consulta médica, según fuentes cercanas al caso consultadas por este periódico.

Los hechos se remontan a este Domingo de Resurrcción. El reo, quejoso por un dolor en un pie, había pedido ser atendido por un facultativo. Fue ese día cuando alertó de su particular hazaña a los servicios médicos del centro penitenciario. Había aguantado tres días con el dispositivo electrónico en el interior de su estómago, hasta que rompió su silencio. Al transcurrir ese tiempo y comprobar que no evacuaba el móvil de forma natural, reconoció que se lo había tragado. El médico le hizo una radiografía y comprobó que no mentía. Entonces, se ordenó su traslado hasta un centro hospitalario. El desplazamiento lo hizo bajo custodia de la Guardia Civil y con los grilletes puestos.

Una vez en la consulta del hospital, emprendió la huida a la carrera, logrando así darle esquinazo a los agentes del Instituto Armado que lo vigilaban. Aunque todavía se desconocen los motivos exactos que llevaron al interno a ingerir el teléfono, de escasos centímetros, se presume que su intención era la de mantener el contacto con el exterior de manera ilegal.

La hipótesis que los investigadores manejan es que debió acceder a la cárcel malagueña con el teléfono ya en su estómago. Durante el ingreso, los funcionarios tienen potestad para practicar un cacheo con desnudo integral en caso de que existan indicios de que porta algún objeto que puede resultar peligroso para la seguridad del centro penitenciario. La medida se aplica siempre previa autorización del jefe de servicios. Pero los trabajadores penitenciarios no disponen de medios para llevar a cabo en ese momento exploraciones con rayos X, según ha podido saber Málaga Hoy.

Alhaurín de la Torre, la segunda cárcel de España con más móviles incautados

Cabe recordar que la cárcel de Alhaurín de la Torre es la segunda prisión de España donde más teléfonos móviles se han incautado desde 2020 después de la de Valdemoro-Madrid III. En cada uno de estos centros penitenciarios y en el de Almería –que se coloca en el tercer puesto en el ranking nacional– se intervinieron en ese periodo cerca de 700 terminales. Así lo denunció este martes el sindicato Acaip-UGT que apuntó que la cifra refleja “una preocupante estabilidad en su presencia dentro de las cárceles”.

Según los datos de esta organización sobre teléfonos intervenidos, sólo en 2024 los números fueron los siguientes: Almería 195, Estremera-Madrid VII 180 y Málaga 161. Aunque el objetivo de la Administración penitenciaria es erradicar esta práctica, la realidad no parece indicar que se estén consiguiendo los objetivos. Al contrario. En el caso de la provincia malagueña, entre 2019, 2020 y 2021 fueron decomisados un total de 214. Frente a esta cifra que es la suma de tres años, sólo en 2024 Acaip-UGT contabiliza los citados 161.

Así funciona el tráfico de móviles en prisión

Una mujer se introduce en su vagina un móvil del tamaño de un mechero y, después, se lo entrega a un recluso durante una comunicación íntima –o vis a vis–. El escaso índice de metal que contienen estos teléfonos en miniatura evita que se activen los sensores de los controles de acceso a las cárceles. Ahora es el interno el que esconde el terminal en su ano, envuelto en un preservativo. Al acabar la visita, lo pone a buen recaudo. Casi cualquier hueco es válido: el mocho de una fregona, las patas de hierro de una litera, la carcasa de un ventilador y hasta un tubo de pasta de dientes.

Ni tiene WhatsApp ni posibilidad de grabar imágenes. El diminuto teléfono solo cuenta con dos teclas para colgar y descolgar, suficientes para que un narco conecte con el exterior o un maltratador siga acosando a su ex pareja a distancia. Los avances tecnológicos han hecho proliferar estos dispositivos, que continúan siendo el tesoro más valioso entre rejas. O uno de ellos. Solo la perspicacia de los funcionarios de prisiones los saca a la luz.

Su uso, reconocen fuentes penitenciarias, es habitual tras los muros de una prisión que, en el caso de la de Alhaurín de la Torre, carece de inhibidores de frecuencia punteros que permitan anular su operatividad total en todas las instalaciones. “Aunque estos teléfonos no funcionan en la mayoría de las dependencias, hay muchísimas zonas con cobertura. Y los reclusos se las saben todas”, reconoce un trabajador penitenciario.

Los móviles más pequeños del mercado pueden adquirirse por menos de 20 euros en cualquier portal de anuncios. Pero en los centros penitenciarios su precio es, como poco, diez veces superior. Los internos pueden llegar a pagar hasta 1.000 euros por uno.

Si bien es cierto que los teléfonos “son cada vez más pequeños y difíciles de detectar”, desde Instituciones Penitenciarias remachaban hace unos años que los funcionarios hacen “todo lo que está en sus manos desde el punto de vista legal” para atajar su manejo en las cárceles.

Hasta 25 llamadas a la semana y videollamadas en cabinas

Los reos tienen permitidas entre 20 y 25 llamadas a la semana (según las directrices de cada prisión), que están controladas. Además, pueden hacer videollamadas desde cabinas habilitadas para ello en los módulos. Solo pueden comunicarse con 10 teléfonos autorizados y deben justificar la relación que tienen con el titular de la línea a través de un contrato de la compañía telefónica a nombre de esa persona junto con el DNI. “Esto es relativo porque puede haber un desvío de llamadas o poner el móvil de su mujer, que a su vez está con un socio del narco. El que hace la ley, hace la trampa, pero al menos se establece un control y no se lo ponemos tan fácil”, apostillan otros funcionarios consultados.

Los internos temen poco al castigo. Pese al problema de seguridad que implica, la tenencia de un teléfono entre rejas está considerada en el régimen disciplinario de prisiones como una infracción grave –y no muy grave– que acarrea como sanción la privación de paseos y actos recreativos comunes hasta 30 días. En ningún caso conlleva una medida de aislamiento. Si fuera así, admiten varios trabajadores penitenciarios, “todo sería distinto”. “Muchos culeros no meterían móviles para los cabecillas –conocidos como los Kie, los líderes del módulo–. El Real decreto que regula las infracciones es de hace 39 años”, se lamentaban fuentes próximas.

Desde la asociación Tu Abandono Me Puede Matar aseveraban recientemente que la instalación de arcos detectores de metales 3D, como los de los aeropuertos, que sí descubren objetos introducidos en zonas íntimas, obstaculizaría la entrada de móviles en las cárceles. El colectivo denuncia la escasa eficacia de los inhibidores en las prisiones más antiguas, caso de Alhaurín de la Torre. Por su parte, la administración sostiene que son varias las quejas de ciudadanos por el uso de estos aparatos al interferir en los sistema de comunicación de las empresas, ya que abarcan un radio de acción que va más allá de las cárceles, próximas, en algunos casos, a viviendas y gasolineras.