La residencia de Torremolinos cerrada que iba a alojar 150 inmigrantes asegura que cuenta con las licencias

La propiedad de la residencia privada de Torremolinos que planeaba alojar a unos 150 inmigrantes y cuya apertura ha sido rechazada por el Ayuntamiento por "carecer de licencia de primera ocupación como de cualquier otra licencia de actividad" insiste en que sí cuenta con los papeles en regla y que ésta se trata de una afirmación "absolutamente incierta".

Así, la empresa explica que este martes presentaron las declaraciones responsables de primera ocupación y actividad a las 14:31 y 14:59, respectivamente, "conforme a la ley de impulso para la sostenibilidad de Andalucía", que las habilita para "el uso y apertura inmediata", ya que "no han sido dejadas sin efecto mediante la oportuna resolución administrativa, que debe ser notificada fehacientemente por medios electrónicos". "Desde este martes a esa hora legalmente sí contamos con primera ocupación y apertura, por lo que el Ayuntamiento falta a la verdad", afirman.

De esta manera, la propiedad señala que llevan "intentando desde hace casi un año ir de la mano con el Ayuntamiento para conseguir el uso y apertura legítima del inmueble y con todas las garantías correspondientes", ante lo que relatan que el Ejecutivo municipal "se ha limitado durante este tiempo a impedir cualquier acceso a información técnica y urbanística obrante en los propios archivos municipales, como es el proyecto al que se otorgó la licencia de obras, la licencia de apertura existente, etcétera".

Concretamente, la empresa pone el acento en que se ha solicitado "varias citas" con los técnicos municipales para "revisar los documentos preparados por el estudio de arquitectura al que se ha encargado por el titular del edificio lograr el cumplimiento de todos los requisitos", así como que se ha interesado "por sede electrónica la cédula urbanística, retirada dos veces por falta de respuesta sin motivos" y otras vías sin exito. Por lo que habrían tenido que "acudir a la antigua propiedad" para recabar información de cara a utilzar el edificio.

De igual forma critican que tras este tiempo intentando ponerse en contacto con el Ayuntamiento éste "con inusitada agilidad", puesto "sólo 15 minutos después de presentar las declaraciones responsables" a la administración "aparentemente le dio tiempo a revisar esa documentación, lo que debe hacer un técnico y un jurista, y a mandar a concejales y a la policía para impedir la entrada al edificio".

No obstante, manifiestan que "igual" que el Consistorio son "los primeros interesados" en que se cumplan los requisitos de cara a que se pueda desarrollar la actividad en el edificio. "Para ello, insistimos, siempre ha estado en plena disposición de colaborar con la Corporación local y por ello le seguimos tendiendo la mano para cumplir con la legalidad vigente, que ha sido siempre nuestro objetivo", remachan.

Por su parte, el Consistorio aducía este miércoles que el edificio no cumplía las condiciones de base para que le fueran concedidas las licencias, que se realizan vía declaración responsable. Algo que ya le había sido notificado el pasado 9 de abril y que conlleva, "entre otros aspectos, que no se han verificado cuestiones tan básicas como la prevención de incendios o el circuito interno de agua". A ello se añade que "en ningún momento se han abonado las tasas que permitirían tramitar la declaración responsable" y que "tampoco ha aportado certificación de las empresas suministradoras, por lo que no existe garantía de que las personas alojadas puedan tener acceso a los servicios más básicos".