Un total de 3,85 millones de españoles afirman tener algún tipo de discapacidad, lo que representa el 8,5% de la población. La mayoría de ellos tiene más de 65 años (2,2 millones) y tres de cada cinco son mujeres. Así es el mapa de la dependencia en España que refleja la macroencuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Cuestiones de Dependencia (EDAD), del Instituto nacional de Estadística (INE) y presentada ayer en el Ministerio de Sanidad y Política Social por la ministra Trinidad Jiménez. Para el trabajo se encuestó a 96.000 familias entre noviembre de 2007 y febrero de 2008.

Los datos revelan que 2,2 millones de personas reciben algún servicio social o sanitario, lo que representa medio millón de personas más que hace una década. Sin embargo, más de 200.000 que dicen necesitar algún servicio porque tienen dificultades para realizar alguna actividad cotidiana no lo han recibido -por listas de espera el 31%, motivos económicos el 21% y el 15% por carecer de servicios cerca de su domicilio-.

Además, entre las personas que reciben algún tipo de ayuda personal, el 64% está satisfecho con ella, pero un 31% asegura que no son suficientes los cuidados que reciben para paliarlas. Asimismo, nueve de cada 10 personas con discapacidad afirman que tienen limitaciones y barreras de algún tipo en su vida cotidiana.

El estudio acerca la percepción subjetiva que tiene el colectivo acerca de su situación y refleja que de los 3,85 millones de discapacitados que existen en España, el 90% "no se siente discriminado". El 1,2% dice sufrirla constantemente, principalmente en las relaciones sociales y en la atención sanitaria. "Se trata de un instrumento enormemente valioso que va a permitirnos detectar aquellos puntos en los que la Política Social tiene que mejorar", explicó la ministra Trinidad Jiménez, durante su intervención en la presentación del informe. No obstante, apuntó que la disminución de medio punto porcentual en la tasa de personas con discapacidad desde 1999 "permite afirmar que las medidas sociales emprendidas en los últimos años dieron resultados positivos".

En lo que respecta al nivel de empleabilidad del colectivo, la estadística señala que de los 1,48 millones de discapacitados en edad laboral, el 28,3% trabaja activamente, mientras que sólo el 7,2% no tiene trabajo. De ellos, el mayor porcentaje de empleados se concentra entre quienes tienen problemas auditivos o visuales, mientras que aquellos que presentan limitaciones en el aprendizaje tienen más dificultades para insertarse en el mercado laboral.

"La cifra de personas desempleadas es baja, algo que consideramos muy positivo, aunque desde el ministerio sabemos que aún nos queda un largo camino por recorrer", subrayó Jiménez. En su opinión, el nivel de formación de este colectivo constituye el principal "déficit" que obstaculiza la incorporación laboral. "Este aspecto ha mejorado mucho en los últimos años. Sin embargo, continúa siendo una de las principales preocupaciones de este departamento", aseguró. Según explicó la titular de Sanidad, a pesar de que el 97% de los niños con discapacidad está escolarizado, "el problema se concentra en los ciclos formativos más elevados".

Por comunidades, Galicia presenta la tasa más elevada de personas con discapacidad (112,9 por cada 1.000 habitantes), mientras que la más baja se da en la La Rioja (61,1 por cada 1.000). Para la ministra, "ciertas variables como la población más envejecida, su dispersión o el carácter rural de la región pueden determinar estas diferencias". Para el presidente del Cermi, Luis Cayo, estos datos "son optimistas" y reflejan que la realidad del sector mejora día a día. No obstante, apuntó que "siguen existiendo estigmas y dificultades que ralentizan su aplicación".