También se incluyen medidas para la jurisdicción Penal, como la posibilidad de dictar sentencias in voce en delitos leves. El texto será ofrecido de inmediato al Ministerio de Justicia para contribuir al plan de choque que se preparará cuando finalice el estado de alarma.

Consideran que desde el principio de la crisis el máximo órgano de gobierno de los jueces se ha atribuido unas competencias que "no le corresponden en materia de medios personales y de prevención de riesgos laborales".

El requerimiento se realiza ante la adopción de acuerdos por la Consejería que suponen una "sustancial reducción del número de funcionarios" que acuden de forma presencial a los juzgados.

Los objetivos son evitar el colapso de la Administración de Justicia y agilizar la resolución de aquellos asuntos cuya demora incida más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables. El máximo órgano de gobierno de los jueces advierte de que serán necesarias "reformas procesales y medidas organizativas" de todo tipo para adaptarse a la nueva situación.

Tras la publicación en el BOE del acuerdo del Congreso, la Comisión Permanente del CGPJ extiende la eficacia de los acuerdos adoptados hasta ahora.

El CGPJ aclara que los jueces podrán acordar que se mantengan las apud acta cuando aprecien "circunstancias excepcionales" como el riesgo de ocultación o fuga.

También salen a concurso el juzgado de Familia 7, el Penal 4 y un Juez de Adscripción Territorial.

El sindicato STAJ pide la dimisión de Carlos Lesmes y de todos los integrantes de la Comisión Permanente.

Prohíbe la presentación de escritos de manera presencial. Recuerda que la suspensión de plazos procesales se extiende a los que rigen para la presentación de la solicitud de concursos de acreedores.

Ni la juez Bolaños ni otros dos jueces afectados por la inspección y dos letradas de la Administración de Justicia han presentado alegaciones al documento provisional. El informe supone un aval rotundo a la instrucción de Bolaños.