El Ayuntamiento inicia la ejecución forzosa de las compensaciones

Arranca la búsqueda del promotor. Finalizado el plazo de tres años dado para la normalización voluntaria de inmuebles, es ahora el Ayuntamiento de Marbella el que inicia la ejecución forzosa de las compensaciones contempladas en el PGOU, o lo que es lo mismo, el Consistorio es el que exige ahora a los promotores de viviendas en situación irregular que hagan frente a los pagos pendientes.

En el PGOU aprobado en 2010 se contemplaba, para la normalización de la mayor parte de las 16.500 viviendas ilegales existentes en la ciudad, el pago de una serie de cantidades económicas al Ayuntamiento por parte de los promotores que, además, debían cumplir con sus deberes de urbanización de las zonas construidas, según explicó ayer el concejal de Urbanismo Pablo Moro. Según el planeamiento vigente, se daba a los empresarios un año para que, voluntariamente, procedieran a cumplir con sus obligaciones, sin embargo, los plazos se alargaron hasta en dos ocasiones más llegándose a la fecha actual con tan solo 1.000 viviendas normalizadas, al margen de los trámites iniciados pendientes de conclusión.

Moro explicó ayer que las prórrogas se concedieron porque el equipo de gobierno entendió que se hacía "necesario esperar un tiempo prudencial para ver en qué sentido se dictaban las primeras resoluciones judiciales".

Con varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía debajo del brazo avalando los sistemas de normalización contemplados en el PGOU, el Ayuntamiento se enfrenta ahora a la tarea de iniciar la ejecución forzosa de las compensaciones y reclamar lo que le pertenece.

Concretamente el Consistorio remitirá los apercibimientos a los promotores con una carta de pago donde se reflejarán las cantidades a abonar así como el resto de obligaciones que tienen que afrontar. Si en el plazo voluntario inicial no se satisfacen estas exigencias, se iniciara la vía de apremio para su reclamación.

El concejal de Urbanismo insistió ayer en que "en ningún caso estas obligaciones recaerán en los terceros de buena fe ni los propietarios actuales", si no que, según señaló, "serán los promotores, aunque no sean los propietarios actuales de los inmuebles, quienes tendrán que hacer frente a esas cargas".Mientras tanto el Ayuntamiento continúa trabajando para dar una salida a las urbanizaciones cuya normalización no se contempla en el PGOU.