Legislaturas vendrán (eso espero) en las que la relación entre los grupos parlamentarios será razonable, se alcancen acuerdos sobre algunas materias y no todo provoque una agria batalla política. Pero para eso tendremos que haber superado la lamentable situación actual que nos ha llevado a tener paralizado por más de mil días la renovación del CGPJ. Reconocido esto, podríamos entrar en la exquisita y elegante equidistancia en la que repartamos la responsabilidad de este desastre entre todos los grupos políticos y hablemos del siempre genérico concepto de clase política para endosarle a todos ellos este fracaso. Sería falso.

El gobierno y su partido solo pueden sentirse responsables de no allanarse a las imposiciones que sin matices ha ido exigiendo para llegar un acuerdo el PP que por derecho propio se ha convertido en el protagonista y causante de esta lamentable situación. El zigzagueo permanente del partido de Pablo Casado ha puesto trabas desde el principio, que han ido desde negarse a negociar con Podemos, a vetar algún magistrado propuesto para aterrizar en el último momento en la exigencia de una modificación de la legislación sobre la materia. La cuestión es particularmente alarmante porque esta exigencia sobrevenida rompe de forma unilateral y sin negociaciones previas el acuerdo existente hasta ahora entre ambas formaciones y trata de implantar un sistema distinto en contra del criterio mayoritario del Parlamento. Se usa por tanto la delicada cuestión de la elección del CGPJ para conseguir lo que su número de escaños no le permite y meter así a la Cámara, al gobierno y al propio Consejo en una posición imposible, al tener aceptar sin rechistar sus pretensiones o condenar al máximo órgano de los jueces a una interinidad perpetua. Así de simple. Con este planteamiento, que califican de inamovible, pretenden asegurarse el nuevo mecanismo de elección para el próximo mandato dentro de cinco años, con lo que parecen admitir que para ese tiempo tampoco tendrán la mayoría parlamentaria suficiente para aprobar una ley. Este atrincheramiento temerario puede abrir una vía de agua irreparable en el mundo judicial, pues si se admite esta actitud, en el futuro, cualquier minoría necesaria para el acuerdo podrá exigir de la misma manera las modificaciones legales que estime pertinentes, con lo que entramos en un permanente desgaste de la imagen y legitimación de nuestro sistema judicial. Y por ahora, sinceramente, solo veo un culpable.