El consejero de Presidencia, Antonio Sanz y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, o lo que es lo mismo, los números dos respectivamente de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Transición Ecológica, serán los encargados de abrir este mismo lunes el grupo de trabajo sobre Doñana que la Administración central y autonómica acordaron crear este pasado martes en la reunión mantenida en el Palacio de San Telmo entre Juanma Moreno y Teresa Ribera. Se abre de esta manera el plazo de un mes que se han dado por ambas partes, para conseguir esbozar un plan alternativo a la proposición de ley sobre regadíos que sigue sobre la mesa después de haber finalizado su tramitación parlamentaria.

A pesar de que las dos partes guardan un más que significativo silencio acerca de la línea en la que pueden ir encaminadas las alternativas a la reordenación de los suelos agrícolas en cinco municipios de la Corona Norte de Huelva, serán estos, junto con los agricultores, los principales beneficiarios de unas compensaciones que suman 350 millones de euros.

Los consistorios locales de Lucena del Puerto, Almonte, Moguer, Bonares y Rociana del Condado, serán quienes recibirán un montante económico más importante, según pudo conocer este periódico, aunque los criterios de asignación del montante particular de cada uno de ellos, serán uno de los asuntos que estarán sobre la mesa.

También los agricultores serán compensados por el abandono de unas tierras que se da por senado, toda vez que el objetivo principal de esta iniciativa, se centra en el alivio a un acuífero que está más que sobrecargado. Descartada la compra directa de los terrenos, la permuta de los mismos por otros fuera del entono del Parque Nacional de Doñana y, por lo tanto, sin problemas de derechos de agua, suena como la posibilidad más razonable entre todas. La valoración de los suelos afectados será otra de las claves a resolver conforme avancen las negociaciones entre los dos ejecutivos.

Compensaciones justas

De hecho esta permuta de terrenos fue sugerida ayer por parte de la organización agraria UPA en la provincia de Huelva que expuso su determinación a velar porque “las posibles soluciones y las ayudas prometidas tengan como centro de atención prioritaria a los agricultores afectados”, por lo que espera que se cuente con ellos. A su juicio, “más allá de los 350 millones de los que se habla, lo importante será a qué se va a destinar el plan”, dado que la organización entiende que “no serviría de nada si no tiene como beneficiarios principales a los agricultores afectados”.

El secretario general de la asociación, Manuel Piedra, recordó que “los afectados son pequeños agricultores cuyas explotaciones son su modo de vida y lo que les fija al territorio”, por lo que “el nuevo plan debe tener respeto por ese modo de vida y tener como objetivo que no acaben obligados a marcharse”. “Vamos a estar vigilantes para que la cuantía prometida tenga como prioridad el ofrecerles una alternativa viable dentro de su entorno. No nos vale que les den unas ayudas, los agricultores quieren seguir trabajando, produciendo y generando empleo y fomentando el desarrollo rural en sus municipios”.

UPA hizo un llamamiento para definir “de una vez por todas las hectáreas afectadas, algo que después de casi dos años desde su presentación todavía no se ha definido y ponerle nombre y apellidos a los afectados reales”. A su entender, “a partir de este punto se podrá desarrollar un plan en el que, una vez se defina qué se va a hacer con los agricultores afectados y cómo se va a reconducir su situación, se podrá diseñar el resto de las actuaciones destinadas a un desarrollo económico del Condado en condiciones que sean compatibles con la preservación de Doñana, tal y cómo anunció el Gobierno de España”.

Piedra remarcó que “es condición indispensable” que el acuerdo al que se llegue “no deje fuera” a los agricultores afectados, que son mayoritariamente pequeñas explotaciones”, toda vez que ha insistido en su discurso de “la dejadez histórica” que las infraestructuras hídricas de la provincia de Huelva “sufren desde hace 20 años” ya que “si hubiera llegado el agua superficial, no se habría producido conflicto”.

En parecidos términos se pronunció el presidente del PP en la provincia de Huelva, Manuel Andrés González, quien señaló que esta situación “se puede solventar” para que “muchos de los agricultores afectados puedan seguir cultivando allí, porque hay más de 150 hectáreas que no están en la demarcación del Guadalquivir (competencia del Gobierno central) sino en la del Tinto-Odiel-Piedras” que es de la Junta de Andalucía, por lo que considera que “se pueden salvar adaptando la Ley Forestal de Andalucía a la de España, ya que la andaluza es más restrictiva, sin tocar el Guadalquivir. Creo que hay muchas vías para poder solucionar el problema de estas familias por la vía del diálogo”.

Concentración frente al Palacio de San Telmo el pasado martes.