El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, anunció durante su intervención en el pleno del Parlamento de Andalucía para informar sobre las ayudas del acuerdo suscrito por la Junta de Andalucía del Plan Doñana, la modificación del decreto 178/2014 de 16 de diciembre por el que se aprobó el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, el conocido como Plan de la Fresa. En su último turno de la comparecencia para informar sobre las ayudas del acuerdo suscrito por la Junta de Andalucía del Plan Doñana, el titular de Sostenibilidad del Gobierno autonómico, quiso aclarar que “dicha modificación se producirá teniendo en cuenta a todos los implicados, buscando el consenso dentro del Consejo de Participación de Doñana”, una entidad en la que están representadas todas las administraciones.

Una vez suscrito el Acuerdo de Doñana entre la Junta y el Gobierno central el pasado mes de noviembre y solventada la paralización surgida con motivo de la inclusión en el decreto de simplificación de dos párrafos de la proposición de ley de regadíos del entorno del Parque Nacional, ésta quedaba definitivamente aparcada (aunque no retirada). Pese a las medidas para el abandono de cultivos contenida en el pacto, todavía hay numerosas hectáreas en algunos de los municipios de la Corona Norte de Huelva que tienen hectáreas sin regularizar. Durante la tramitación de la proposición de ley, muchos de los participantes en la comisión parlamentaria, apuntaron a la posibilidad de modificar el Plan de la Fresa, como una alternativa más razonable, toda vez que supondría alcanzar un acuerdo entre todas las administraciones. Es ahora, con la proposición definitivamente aparcada, cuando el Gobierno andaluz parece dispuesto a reabrir esa posibilidad.

Las manifestaciones del consejero de Medio Ambiente ante el pleno de la Cámara andaluza, apuntaban a que esa modificación se iba a llevar a cabo mediante la convocatoria a “todos los afectados” con la “intención de lograr el consenso entre todos ellos” y siempre “con la participación del Consejo de Participación de Doñana”. Hay que recordar que en este organismo, se encuentran representadas todas las administraciones, desde la Junta al Gobierno central y los ayuntamientos del Espacio Natural. Además, están presentes desde las diputaciones de Cádiz, Sevilla y Huelva, a la Estación Biológica, sindicatos, propietarios y asociaciones conservacionistas.

Fernández-Pacheco recordó que “el pacto por Doñana tiene que garantizar soluciones a las familias afectadas por el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal aprobado en 2014”, es decir, el Plan de la Fresa. Se trataría de solventar así uno de los problemas que la modificación del Plan de la Fresa traería aparejado, como es el de chocar con uno de los principales objetivos del Acuerdo por Doñana y la principal crítica a la proposición de ley de regadíos que se presentó en el Parlamento como es la de ampliación del número de hectáreas de regadío.

La modificación se haría, en cualquier caso, después de conocer la situación real de las hectáreas de la Corona Norte, es decir, una vez comience su trabajo el comisionado técnico que se ubicará en la Delegación de la Junta de Huelva y en el que tendrán participación cuatro consejerías del Gobierno andaluz (Presidencia, Fomento, Medio Ambiente y Agricultura”. Entre las funciones de este organismo, además del seguimiento a los puntos del acuerdo por Doñana y la coordinación entre todos los actores implicados por el mismo, se encuentra “la coordinación de las actuaciones a desarrollar por la Junta con la comisión de seguimiento y ejecución” del Plan de la Fresa. Será entonces, una vez conocidas cuántas de esas hectáreas seguirán en producción por no acogerse a ninguna de las ayudas concedidas para el abandono de los cultivos y renaturalización de las mismas, cuando se aborde la situación real del resto de las mismas con la reforma del Plan.

El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, durante el pleno de esta semana.

Vigente desde 2014

El Plan de la Fresa se aprobó definitivamente el 30 de diciembre de 2014 y pretendía “armonizar y regular los cultivos y regadíos de la zona”. En la exposición de motivos que acompañaba a la proposición de ley ahora abandonada, se recogía que “no se han cumplido las expectativas que generó por muy diversas causas, entre ellas la falta de unidad de acción de todas las administraciones”.

El problema principal fue que a pesar de que se pretendía “regularizar jurídicamente una parte concreta de la actividad agrícola de los municipios de la Corona Norte, no dio respuesta a todos los problemas” y llegó a “provocar un efecto contrario”, puesto que “muchas hectáreas que tradicionalmente eran objeto de cultivos en regadío, pasaron por la administración autonómica a considerarse no aptas para el mismo, por lo que a muchos profesionales se les provocó un desamparo que los hizo caer en un limbo jurídico y, en otras ocasiones, directamente una situación no contemplada por una normativa que se aprobó con efectos retroactivos de más de diez años entre su publicación y sus consecuencias”.

La determinación de cuántas hectáreas eran de regadíos y cuales no, se basó en una foto fija, en un momento determinado que dispuso los usos de cada una de ellas. Muchas de ellas, en especial en la zona de Lucena del Puerto, que en ese preciso instante no estaban siendo cultivadas por la rotación de sus producciones, se quedaron fuera de esa consideración, con unas consecuencias que siguen todavía vigentes hoy en día.

También hay que recordar y así lo hace la proposición de ley que el Plan de la Fresa “no se centra en ningún momento en los derechos de agua, puesto que es un mero plan de ordenación territorial, destacando que éstos se otorgan en este ámbito por cada una de las administraciones y demarcaciones competentes”. Éstos pasarían por la disponibilidad de recursos disponibles y el desarrollo del trasvase de 20 hectómetros cúbicos desde la demarcación hidrográfica del Tinto-Odiel y Piedras a la del Guadalquivir, una medida considerada como de interés general desde el año 2018 (fue la primera medida adoptada por Pedro Sánchez nada más llegar al Gobierno” y de la que nada se sabe desde entonces.

La falta de participación de los distintos sectores implicados en el Plan de la Fresa, “no fue lo amplia que hubiera sido deseable” y su puesta en funcionamiento “no ha solventado la situación de importantes cuestiones contenidas en el mismo, creando situaciones injustas por su evolución histórica y de escasa garantía jurídica”.

Una buena prueba de ello es que el Plan de la Fresa contó con más de 3.000 alegaciones; se sometió a información pública tres veces, se plantearon 160 recursos judiciales y más de 500 alegaciones particulares.