El Gobierno andaluz intentará, si técnicamente es posible y presupuestariamente es viable, ayudar a "algunas familias", las más vulnerables, en caso de que el Ejecutivo de la nación no apruebe un marco de regulación estatal que garantice los suministros esenciales, como la luz y el agua. El portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha respaldado de esta forma la posición de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien en declaraciones a la Ser ha reclamado esta semana una ley nacional que impida cortar la luz a las familias pese a que el vicepresidente andaluz, Diego Valderas (IU), anunció con anterioridad una ley regional para impedir los  "desahucios energéticos".

"La solución global tiene que venir de la regulación que haga el Gobierno central de los suministros esenciales", ha dicho el dirigente socialista, quien ha subrayado que en otros países europeos es "el Gobierno de la nación el que tiene un marco regulado para evitar que los precios de los suministros esenciales se desboquen". No obstante, ha asegurado que si no se produjera esa "solución nacional", el Gobierno andaluz "intentará, en la medida que pueda ayudar a algunas familias que se encuentren en esa situación de vulnerabilidad".

A su juicio, el problema afecta no sólo a las personas que no pueden pagar la luz por su "situación de exclusión", sino que el Gobierno del PP, en la "gestión de los grandes suministros", está "provocando que nadie en este país que no sea (Emilio) Botín pueda pagar el recibo de la luz". "Cuando (José María) Aznar prometió que con la liberalización del mercado iba a haber competencia y bajada de precios, nos estaba engañando descaradamente", ha denunciado Jiménez, que ha insistido en que por ello tiene que ser una propuesta de ámbito nacional la que establezca las condiciones para la regulación de los suministros fundamentales.

"No se trata de aprobar una norma (desde las comunidades autónomas) que intente evitar parcialmente los efectos, necesitamos unas normas básicas que garanticen los servicios mínimos para los ciudadanos de una forma asequible", ha reiterado. Ha agregado, en este sentido, que el decreto aprobado en Cataluña para impedir la interrupción del suministro eléctrico a personas vulnerables, tendrá un resultado "muy pírrico" en términos de eficacia.

En cuanto a la iniciativa anunciada en Andalucía por Valderas, que ha resumido en que la Junta pudiera plantear -desde la perspectiva del consumo- que las compañías suministradoras pusieran en marcha algún mecanismo para evitar los "desahucios energéticos", ha opinado que "la solución tiene que ir al origen del problema", lo que implica una regulación del mercado energético en España. No obstante, ha remarcado que el Gobierno andaluz no va a "cejar en su empeño" de poner en marcha cuantas medidas sean posibles -desde el punto de vista competencial y económico- para ayudar a las familias en este "trance tan difícil". "Pero tampoco va a cejar en su empeño de diálogo con el Gobierno de la nación, como ha hecho la presidenta de la Junta al lanzar un llamamiento para que sea quien dé el paso para regular esta materia".