Sevilla

Los padres de Marta piden al juez que vuelva a internar al Cuco por quebrantar la orden de alejamiento

  • Solicitan además que se amplíe a 300 kilómetros la medida de alejamiento para evitar que vuelva a incumplir la medida y que se deduzca testimonio contra los padres

Los padres de Marta del Castillo han pedido al juez de Menores número 3 de Sevilla que vuelva a internar en un centro en régimen cerrado al menor de 16 años que está imputado por el asesinato y violación de su hija, después de que el joven fuese sorprendido en noviembre pasado incumpliendo la orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de 50 kilómetros de la familia de Marta.

El abogado de los padres presentó a primeros de diciembre en el juzgado un escrito solicitando la modificación de la medida cautelar del menor, que se encuentra en un piso tutelado en Cádiz tras haber cumplido el período máximo de 9 meses de internamiento en un centro cerrado que prevé la Ley del Menor.

“A juicio de esta parte, parece evidente que se ha producido un quebrantamiento de la medida cautelar acordada mediante auto de 28 de noviembre de 2009, es decir, la consistente en la convivencia en grupo educativo y la prohibición de aproximarse a menos De 50 kilómetros de la familia nuclear de la víctima del presente procedimiento”, precisa el escrito del abogado de los padres de Marta, que tiene fecha de 3 de diciembre pero que a fecha de hoy aún no ha recibido una respuesta por parte del juzgado de Menores.

El escrito insta la modificación de la medida cautelar y su sustitución por la de internamiento en centro en régimen cerrado, “así como la ampliación de la prohibición de aproximarse a la familia de 50 a 300 kilómetros, evitando así en el futuro que puedan producirse quebrantamientos como el acaecido”.

Los padres de Marta citan en su escrito la circular 1/2000 de la Fiscalía General del Estado, que establece que el juez puede alzar la medida en cualquier momento “si entiende que han cesado los supuestos que la justificaban sin previa solicitud de parte, o la podrá sustituir por vigilancia o convivencia dada la condición menos restrictiva de la libertad del menor que estas medidas imponen”. En sentido contrario, la familia entiende que el juez también puede sustituir la medida “por otra más restrictiva de la libertad del menor”.

La familia también reclama que se deduzca testimonio contra los padres, ya que considera que los padres podrían ser igualmente responsables del delito de quebrantamiento de medida cautelar.

La Fiscalía de Menores de Sevilla abrió diligencias contra el Cuco por presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento de la familia de Marta, después de que el pasado 14 de noviembre fuese sorprendido en un vehículo por la AP-4 a menos de 50 kilómetros de Sevilla, en concreto a 26 kilómetros de la capital hispalense. Según fuentes de la Fiscalía hispalense, el menor tenía permiso para salir del piso tutelado de Sevilla ese día.

El Ministerio Público también dedujo testimonio contra la madre del adolescente, que conducía el coche, y una tercera persona que viajaba en el mismo para que se investigue su presunta participación como cooperadores necesarios de ese presunto quebrantamiento.

El menor fue identificado por la Policía en un control rutinario y, tras verificar que se había incumplido la orden, fue reingresado de inmediato al piso tutelado de la provincia de Cádiz donde se hallaba, tras prestar declaración en la Fiscalía de Menores. La madre del menor alegó que se confundió de carretera, dado que se dirigían supuestamente a la celebración de un cumpleaños en la localidad de Las Cabezas de San Juan. Como el menor no conducía el vehículo, la Fiscalía no adoptó ninguna medida cautelar contra él, máxime cuando el Código Penal, salvo en los casos de malos tratos en la pareja, sólo contempla la posibilidad de imponer una multa cuando se produce el quebrantamiento de una medida cautelar.

La orden de alejamiento que le impuso en su día el juez de Menores le impedía acercarse a la familia de Marta o a 50 kilómetros de su lugar de residencia, por lo que cuando fue localizado ya había vulnerado el mandato judicial.

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