La Universidad de Málaga ha acordado, a la vista del informe elaborado los últimos 12 días por la Inspección de Servicios, abrir un expediente disciplinario al secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, a quien provisionalmente y mientras se desarrolla la investigación, se le suspende de funciones -lo que en la práctica significa suspensión de empleo y sueldo- por el presunto incumplimiento de las obligaciones que figuraban en su contrato laboral como investigador externo. También se decreta la apertura de otro expediente al director del proyecto para el que trabajaba Errejón, el profesor Alberto Montero, por si pudo incurrir en dejación de responsabilidades que le exigían el control del trabajo del ayudante que expresamente había solicitado.

Errejón, contratado para un proyecto encargado por la Agencia de Obra Pública, dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda, denunció una "cacería" contra Podemos y se declaró satisfecho porque la UMA sólo le reprocha un "error administrativo" y que el expediente disciplinario abierto refleja que "no hay ningún problema" con su contrato como investigador ya que "se ha acreditado que está al día".

La resolución se deriva del expediente informativo que incoó la institución académica el pasado 21 de noviembre para aclarar si Errejón incumplió sus obligaciones laborales y si vulneró la Ley de Incompatibilidades al participar en un proyecto de investigación. Montero puntualizó ayer a que no ha hecho "nada de mala fe", aunque reconoció que "puede ser que haya habido simplemente un error administrativo" al saltarse "algún procedimiento y se solucione con un apercimiento". De comprobarse que ha sido así asumiría, reflexionó, "las consecuencias". No obstante, el docente considera que "todo se ha magnificado" por afectar "a la figura de Íñigo Errejón". "Me parece desproporcionado. No lo vivo con angustia pero estoy deseando que esto se termine. Cuando se resuelva el expediente, hablaré", recalcó.

Asimismo, subrayó en varias ocasiones su "confianza plena" en la UMA. "Si estima oportuno abrir un expediente es porque habrá algún motivo. No tengo ningún problema. Creo en la institución para la que trabajo y en que hice las cosas como debí hacerlas", defendió.

Antes de hacerse efectiva la medida cautelar de la suspensión de funciones de Errejón, contratado en régimen laboral hasta el 16 de diciembre, tienen la posibilidad de alegar lo que consideren oportuno tanto él como el comité de empresa en un plazo de diez días. Montero y Errejón pueden interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes ante la rectora, Adelaida de la Calle, algo que, según recalcó Montero, hará "una vez conozca las razones". Según detalló, no ha sido informado acerca de los motivos. La Universidad comunicó ayer la decisión del gobierno de la institución académica a los dos afectados, a los que se envió la resolución escrita que fue acordada en la tarde del miércoles.

Desde la Universidad declinaron ayer realizar cualquier comentario sobre esta decisión y tampoco quisieron precisar las causas por las que se inicia el expediente, al tratarse de un "procedimiento reservado". Pero dos son los posibles incumplimientos que planean sobre la labor del también dirigente de Podemos como investigador contratado por la UMA desde el mes marzo de 2014. Por una parte, se le exigía dedicación plena y que la relación laboral, por la que percibía 1.825 euros brutos mensuales, suponía dedicar a esas funciones 40 horas a la semana de forma presencial. En este sentido, se ha especulado con que el sueldo que también percibía de su formación política le inhabilitaba para tener otros ingresos de la Universidad. Algo que no está claro, ya que la dedicación plena no era, sin embargo, exclusiva.

Donde la Universidad malagueña sí puede constatar un supuesto y incumplimiento contractual, a la vista de lo que han reconocido los afectados, es en la exigencia de desarrollar su tarea de forma presencial en un centro de trabajo en la ciudad, algo que no sucedió. Aunque Montero aludió a que dispensó verbalmente a Errejón de su presencia en dicha ciudad, esa autorización no le corresponde a él sino a la propia institución académica, a la que debería haber notificado la variación y las nuevas circunstancias de la investigación. Los contratos de investigación no son estándar, prevén que puedan ser de obras de servicio o de menor dedicación. En el caso de Errejón, que contaba con un contrato cuya renovación se produce cada tres meses, comunicó en septiembre al director del proyecto que no seguiría con la investigación. Montero solicitó a la UMA que volviera a convocarse su plaza, que se sacó a concurso el pasado 8 de octubre y permaneció abierta hasta el día 22. Sin embargo, quedó desierta dado que en ese periodo no se presentó ningún candidato.

El expediente informativo abierto al secretario de Política de Podemos es el primero de estas características que se tramita en la institución académica a un investigador contratado. Lo habitual es que el régimen de trabajo de este personal lo controle el investigador principal. De hecho, es también quien tiene la capacidad para iniciar la rescisión del conato y quien tiene el cometido de informar a las autoridades académicas en caso de que detecte algún comportamiento anómalo.

El portavoz portavoz de Relaciones con la Sociedad Civil y los Movimientos Sociales de la Podemos, Rafael Mayoral, manifestó que le gustaría "pensar" que la medida "no ha tenido nada que ver con las presiones de la Junta de Andalucía", o con las declaraciones de su presidenta, Susana Díaz, que en su día llegó a asegurar que Errejón tendrá que devolver el dinero que ha recibido para una tarea de investigación "si no ha trabajado correctamente".

Asimismo, Mayoral afirmó que, antes de hacer cualquier valoración sobre este asunto, tiene que leer la resolución. "Me gustaría poder leer esa resolución que ha sido tomada por una autoridad académica, en principio. Posteriormente tendrá que haber si cabe un proceso sancionador una vez que se resuelvan los recursos pertinentes", precisó Mayoral. El dirigente insistió en que Podemos deberá leer "con cautela" dicho documento, que no es sino es el resultado del expediente informativo abierto en noviembre por la Universidad para analizar el contrato de investigación que tiene Errejón con el centro y determinar si existen indicios de incumplimiento de las condiciones laborales establecidas y si ha existido vulneración de la Ley de Incompatibilidades.

La consejera Elena Cortés, valoró la "celeridad" de la Universidad a la hora abrir el expediente y dejó claro que su Consejería va a velar por que cada euro público esté destinado al fin para el que fue contratado.